A partir del 5 de marzo, el Poder Judicial del Estado de México estará en condiciones de recibir solicitudes de quienes quieran ser beneficiarios de la Ley de Amnistía, estimando recibir en una primera etapa, tres mil peticiones.
Mediante conferencia de prensa, autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, dieron a conocer los lineamientos que habrá de normar el procedimiento.
La ley aprobada por el Congreso Local está compuesta por 20 artículos y engloba 12 supuestos para conceder la amnistía, entre los que se encuentra: beneficiar a quienes cometieron aborto, robo con o sin violencia, abigeato, delitos culposos, contra el ambiente, patrimoniales y delitos contra la salud, siempre y cuando se haya pagado la reparación del daño a las víctimas.
Lineamientos
Al respecto, dentro de los lineamientos se estipula que la competencia para resolver respecto a las solicitudes de amnistía serán todos los jueces penales del estado, desde los de control hasta los del Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución, los especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y los magistrados en materia penal; y explicaron que una vez recibida la solicitud, los órganos jurisdiccionales deberán crear una Carpeta de Amnistía por cada solicitud para que a partir de ahí, las autoridades cuenten con 30 días para emitir una resolución, plazo que podrá ser prorrogable por otros 30 días.
Para la presentación de la solicitud a favor de la persona procesada o sentenciada, se establece que podrá ser tramitada por escrito o de manera electrónica, mediante un módulo específico en el Sistema de Gestión Judicial, y la podrán gestionar las personas privadas de la libertad que sean primodelincuentes, por la defensa, familiares y/o colectivos defensores de los Derechos Humanos.
Así, para la puesta en marcha de la Ley, se dijo, se capacitaron en materia de ejecución penal y Ley de Amnistía a 120 personas entre servidores públicos, ministerios y defensores públicos, a colectivos y colegios de abogados; además de crear 31 plazas para contratar a jueces, secretarios, notificadores y oficiales judiciales para dar contestación a las peticiones.
Poderes y órganos autónomos
Al respecto, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, afirmó que con esta Ley se generarán mayores instrumentos para impartir la justicia y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, destacando que al concretarla, se demuestra que la división de poderes no es un fin, sino un medio y que el tema de la justicia no es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, sino de todos los entes.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi Cuellar, informó que por ser una Ley novedosa, con legitimidad, certeza jurídica y que da garantía al respeto de los derechos de las víctimas, se espera que se convierta en un referente nacional, abonando que la amnistía contribuirá a la despresurización del sistema penitenciario estatal.
“Estaremos pendientes también, desde el Poder Judicial de verificar quiénes son las personas privadas de la libertad que aunque no lo soliciten, tienen derecho a tramitarla. Calculamos que en este primer esfuerzo, 7.8% de las 32 mil personas privadas de la libertad van a recibir un beneficio siempre y cuando cumplan con los requisitos marcados”, abonó.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, Maurilio Hernández enfatizó que teniendo el instrumento legal, se llevará a buen puerto la Ley, y dar un paso más para garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, logrando también poner freno a la comisión de acciones que van contra los principios legales y de los derechos humanos.
