Es necesaria la reforma al Código Penal del Estado de México, ya que la reclasificación de los delitos podría permitir una verdadera penalidad, una mejor impartición de justicia y reducir las tasas de impunidad, señaló Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), en el marco de la iniciativa para replantear la política criminal en el estado impulsada por el Poder Judicial.  

La líder empresarial reconoció que la iniciativa promoverá una cultura de la legalidad y aportará a tener una mejor percepción del orden público y de la seguridad. 

Por ello, puntualizó, la propuesta del Poder Judicial debe contemplar acciones de desarrollo social y económico, con el objetivo de erradicar la pobreza y marginación social como prevención de la violencia. 

Asimismo, se debe realizar una evaluación exhaustiva respecto a las sanciones penales o administrativas que se requieren para la diversidad de delitos que se viven en la actualidad. 

Estas sanciones, expuso, deben llevar una reparación del daño donde los ciudadanos tengan garantía de justicia plena y se reduzca considerablemente la impunidad.

La presidenta del CCEM, sostuvo que de lograrse un buen replanteamiento de la política criminal, se avanzará en el modelo de justicia cívica, ya que se impedirá que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. 

Además de que se disminuirá de manera significativa la saturación en las cárceles mexiquenses, las cuales superan el 200 por ciento de ocupación, de acuerdo a datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

González Hernández, reconoció que esta estadística refleja que la situación penitenciaria en la entidad es grave, ya que el sólo hacinamiento dentro de los penales  es una violación a los derechos humanos.

Ante este panorama, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a los legisladores a impulsar una revisión y evaluación a la última modificación al artículo 19 de la Constitución, elaborar estrategias para reducir la sobrepoblación de los penales y que se garantice una reinserción social real.