Representaciones de partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), de nueva cuenta exigieron a las autoridades de gobierno, electorales y de seguridad poner atención a los actos de violencia política que han comenzado a incrementarse en el territorio mexiquense, aseguraron que hasta el momento sus exhortos han sido “llamados a misa”.
El representante del PRI, Víctor Capilla Mora, informó que en días recientes algunos de sus candidatos han sufrido ataques o han sido amenazados en Hueypoxtla y Teoloyucan, por lo que demandan de manera contundente a las autoridades federal, estatal y municipal tomar medidas para que estos actos de violencia no se generalicen.
A la par, dejó claro que los actos de violencia o el ejercer amenazas no garantizan que se ganen elecciones, pues recordó que en 2021 fueron anuladas 34 elecciones en el país, 23 de ellas por actos de violencia.
Agustín Uribe, representante del Partido de la Revolución Democrática, informó que su candidato a presidente municipal de Ocuilan también ha sido amenazado, por lo que pidió al IEEM no relajar las medidas y solicitar reforzar la seguridad, sobre todo, al término de la jornada electoral para que en el Estado no exista robo de urnas, quema de casilla y tomas de Juntas Distritales o Municipales.
Por parte de Acción Nacional, Alfonso Brazo Álvarez Malo evidenció que, en municipios como Atizapán de Zaragoza, Nextlalpan, Tecámac, Hueypoxtla y en los de la región sur ya se ha comenzado a registrar una efervescencia política electoral que provoca miedo al electorado y a los que están contendiendo.
Además, se sostuvo que también han ocurrido hechos de violencia en Chalco, Santo Tomás, Tejupilco y Amanalco.
Prácticamente todas las representaciones pidieron al IEEM que las medidas de seguridad se garanticen no sólo durante la jornada electoral, sino aún más al cierre de las casillas para evitar que funcionarios de casilla y el personal electoral, sea víctima de violencia durante el traslado de los paquetes electorales.
Y le solicitaron diseñar una estrategia para atraer el escrutinio y cómputo de municipios y distritos en donde se vislumbren hechos de inseguridad.