Para atender eficazmente la Alerta de Género por Feminicidio con la que actualmente cuentan 11 municipios mexiquenses, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal requerirá a la Legislatura un recurso cercano a los 100 millones de pesos para destinarlos a dicho rubro, considerando que para el presente año se aprobaron 30 millones, el requerimiento significaría pedir un incremento presupuestal del 333%.
“Vamos a solicitar a la Legislatura el aumento para la alerta de género, para este ejercicio fiscal fueron 30 millones de pesos y estaremos platicando para incrementarlo de forma significativa, estaríamos pensando en un presupuesto arriba de los 100 millones de pesos para los 11 municipios en alerta”, señaló el titular de la Secretaría, Rodrigo Espeleta Aladro.
Al respecto precisó que el aumento que requieren se destinaría a implementar mayores medidas de protección, a atender a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición y a la reeducación.
Lo anterior puesto que dijo, no sólo basta con fomentar la denuncia, sino reeducar a quienes ejercen violencia para generar nuevas masculinidades.
Ante ello enfatizó, “Los feminicidios siguen aumentando en el estado en estos municipios alertados, porque tenemos desafortunadamente un tema de una mala concepción de las masculinidades, qué quiero decir con esto, que los hombres siguen siendo violentos y hasta que no cambiemos esta concepción de la masculinidad por una nueva será muy difícil que acabemos con el feminicidio”.
Por otra parte contradijo lo dicho por la presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la violencia vinculada a feminicidios en el Estado de México, Karina Labastida al afirmar que es falso que los ediles sean ajenos a su responsabilidad de atender el tema.
Espeleta Aladro afirmó que con el cambio de administración hubo quienes le dejaron de dar seguimiento; sin embargo, se ha retomado el interés, prueba de ello, dijo, ya cumplieron los 11 municipios alertados con la presentación de sus proyectos por lo que ya se les aprobó la parte que les corresponde, los 30 millones de pesos, encontrándose ahora en el proceso para la licitación o contratación de la capacitación, difusión y/o el equipamiento de infraestructura para la atención de la violencia de género en razón de la alerta, acciones que debieron haber plasmado en sus proyectos aprobados.