Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) revocaron lo dictaminado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de sancionar a 32 diputados locales con la suspensión de sus derechos políticos por autorizar un incremento al refrendo vehicular.

Pese a que en principio fueron sólo 30 quienes firmaron el medio de impugnación para dejar sin efectos la inhabilitación de sus derechos políticos, la resolución también es válida para los legisladores Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz.

Los fundamentos de los magistrados para revocar el dictamen es porque la resolución no resulta apegada a derecho, ya que las decisiones tomadas por los legisladores fue en cumplimiento a su función como diputados, asegurando con ello que ningún partido puede intervenir en el ejercicio de su función de los servidores públicos.

“La resolución impugnada no resulta apegada a derecho, puesto que con ella se sanciona al interior de un partido político a diputadas y diputados locales en el ejercicio de sus facultades lo cual es inviable. Los partidos políticos no pueden interferir en las acciones y funciones que tienen a su cargo como servidores públicos”, así lo indicó la magistrada Leticia Victoria Tavira.

Los 32 beneficiados con la resolución son: Maurilio Hernández, Tanech Sánchez, Berenice Medrano, Anaís Míriam Burgos, Karina Labastida Sotelo, Benigno Martínez, Violeta Nova, Nancy Nápoles, Emiliano Aguirre, Adrián Manuel Galicia, Margarito González, Camilo Murillo Zavala, Valentín González Bautista, Azucena Cisneros Coss, Faustino de la Cruz y Nazario Gutiérrez.

Asimismo, Gerardo Ulloa, Jorge García Sánchez, Mariana Uribe Bernal, Xóchitl Flores Jiménez, Liliana Gollas Trejo, Mónica Álvarez Nemer, Montserrat Ruíz Páez, Gabriel Gutiérrez Cureño, María del Rosario Elizalde Vázquez, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco Ruíz, Alfredo González, María de Jesús Galicia Ramos, Max Agustín Correa, Juan Pablo Villagómez y Julio Alfonso Hernández Ramírez.

Es de mencionar que la sanción que se les había impuesto consistía en la  inhabilitación para participar en los órganos de dirección y de representación de Morena o para ser postulados a un cargo de elección popular, así como con la suspensión de sus derechos partidistas y con la inmediata destitución de cualquier cargo que ostentaran dentro de su estructura organizativa.