El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar indicó que resulta necesario eficientar esquemas de preliberación de reos, fortalecer la reinserción social y garantizar la reparación del daño a víctimas, ello al resaltar que actualmente el Estado de México es el que tiene mayor número de personas privadas de su libertad, superando ya a la Ciudad de México.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, se sabe que actualmente en la entidad hay 30 mil 400 personas privadas de la libertad, de las cuales mil 700 son mujeres, considerando que el territorio estatal alberga 22 centros penitenciarios, la penitenciaria Modelo y la C.I.A. Quinta del Bosque, mismos cuya capacidad está rebasada en poco más del 100%, puesto que su capacidad instalada es de 14 mil 88 internos.
“Cárceles saturadas a nadie conviene, primero, porque son escuelas del crimen; segundo, la reinserción social es más compleja, además el costo para la entidad es elevado, tenemos que buscar la reinserción social a partir de tres factores; trabajo, educación y oportunidades de desarrollo personal de tal manera que cuando se logran estos aspectos, difícilmente se tendrán penales sobresaturados”, exclamó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Para trabajar en el tema, indicó que el Poder Judicial se encuentra en permanente trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, puesto que el objetivo próximo es crear un observatorio ciudadano para el tema de justicia laboral.
Asimismo, Sodi Cuellar se encuentra promoviendo la creación de la Industria Penitenciaria para lograr dos objetivos; uno, que se logre una verdadera reinserción social de los internos a través del trabajo, representando con ello que al recobrar su libertad, pueda tener un empleo y un ahorro del trabajo que efectuó durante su estancia en el penal y por otra parte, garantizar la reparación del daño a víctimas, puesto que normalmente no la reciben.
“Son muy escasos los casos donde las víctimas llegan a cobrar la reparación”, ello al explicar que los delincuentes, una vez privados de la libertad, difícilmente pueden solventar la condena de la reparación del daño material y moral, puesto que no cuentan con recursos, salvo que tengan bienes materiales; además dijo, “son sanciones que prescriben a los dos años, así es que prácticamente no se concretizan”.
