En los últimos años se ha avanzado para detener la violencia y el acoso escolar, pese a lo que el llamado bullying se registra y afecta a un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes.

Al señalar lo anterior, el abogado y catedrático universitario de la ENEP Acatlán de la UNAM, Anselmo Zaragoza, dijo que antes que legislarse sobre el tema, deben acentuarse las acciones en la prevención y fomento de una cultura integral de la paz.

Señaló que en a finales del 2022 se legisló a nivel federal una reforma sobre la Ley General de Educación en materia de violencia escolar.

La modificación legal tiene el propósito de impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la convivencia social y escolar, así como prevenir y atender el bullying, indicó Zaragoza.

Y dijo que también en el estado de México se reformó la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar.

Dio a conocer que en el caso de los menores de 14 años no hay sanciones, mientras que de los 14 a los 18 podrían ser sancionados de acuerdo a los establecido en el Código de Infancia y Adolescencia.

Hizo ver que el artículo 173.1 del Código Penal establece que “el que infiera un trato denigrante, menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con la pena de presión de seis meses a dos años”.

En las escuelas, de acuerdo con los ordenamientos legales, los docentes y directivos de los planteles escolares son los responsables de implementar el Sistema de Convivencia Escolar.

Y dijo que, pese a lo anterior, estadísticas oficiales establece que el problema es padecido por cerca de una tercera parte de los estudiantes de 12 a 17 años, que refieren que han sufrido acoso escolar en los últimos 12 meses.

En ese sentido, el académico y doctor en derecho establece que más que leyes más severas y mayores castigos, es necesario fomentar de manera integral una cultura de la prevención que evite el acoso.

Esta cultura debe reforzarse en las escuelas y al interior de los hogares, donde maestros y padres de familia tengan un rol fundamental para prevenir el acoso por condiciones físicas, económicas, orientación sexual o cualquier otra condición de niñas, niños y adolescentes.