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Se niegan mujeres indígenas a ser “relleno político”

La desigualdad, el machismo, la falta de recursos económicos y la nula voluntad de los partidos políticos para postular mujeres a cargos de elección popular, son parte de los obstáculos latentes a los que se enfrentan hoy en día indígenas mexiquenses, razones por las cuales no tienen una participación activa en los procesos electorales.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas indígenas representan el 17% de la población mexiquense, toda vez que 2 millones 751 mil se consideran parte de este sector, de los cuales, el 51% son mujeres quienes enfrentan desafíos para participar sobre todo, en el ámbito político siendo los motivos principales por su origen étnico, su género y/o su estatus socioeconómico.

Para identificar los obstáculos que viven para participar en la política, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), organizó una Mesa de Diálogo Virtual con Mujeres Indígenas representantes de los cinco pueblos originarios: mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica como un mecanismo para hacer un diagnóstico y proponer acciones para fortalecer los liderazgos indígenas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, la consejera Karina Vaquera Montoya indicó que si bien, el Estado de México es una de las 10 entidades de la República Mexicana con más hablantes de lengua indígena, es necesario brindarles las condiciones para que participen en la esfera política.

De acuerdo a las exponentes, actualmente las mujeres indígenas tienen baja participación en la vida política al ser vistas con poca capacidad para ocupar lugares de toma de decisiones y las que se encuentran dentro de los partidos políticos, son utilizadas únicamente para realizar trabajo en campo, para el ”acarreo” de votantes y para servir como relleno político en puestos y cargos de menor importancia.

Ante el escenario actual, las participantes pidieron a la autoridad electoral vigilar que lo plasmado en la ley y en las normas, sea acatado por los partidos políticos; y se les obligue a tener que postular un mínimo de candidatos y candidatas indígenas.

 

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