Las sedes Toluca, Naucalpan y Ecatepec del Poder Judicial de la Federación (PJF) se unieron al paro nacional convocado en protesta contra la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Son cerca de 2 mil 400 trabajadores en el Estado de México, quienes a partir de las 00:01 horas del lunes cerraron las puertas para solo atender casos urgentes, como desapariciones forzadas y amparos en materia penal.

El paro, declarado como indefinido, podría extenderse hasta octubre, según las declaraciones de los líderes sindicales y asociaciones de magistrados. 

Al respecto, Mauricio Torres Martínez, magistrado y director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), subrayó que, hasta el momento, no ha habido un diálogo formal con el Consejo de la Judicatura para discutir las preocupaciones de los trabajadores y magistrados sobre la reforma.

La Jufed ha expresado su disposición a dialogar y negociar, pero cuestiona la validez de la consulta parlamentaria realizada por la Cámara de Diputados, y exige un debate más profundo y constructivo para abordar las necesidades reales del Poder Judicial. 

De acuerdo con Torres Martínez, la asociación está determinada a defender los derechos laborales de sus integrantes y, sobre todo, a garantizar la independencia judicial, que consideran en riesgo con las propuestas actuales.

Autonomía del Poder Judicial

Mientras tanto, jueces y magistrados del PJF en Toluca, Naucalpan y Ecatepec evalúan si se sumarán al paro de manera formal. Según la jueza primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Abigail Ocampo, los jueces emitirán su voto de manera secreta e independiente a través de una plataforma organizada por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados.

Ocampo consideró que la reforma propuesta por el presidente López Obrador no tiene como objetivo acabar con la corrupción en el país. En cambio, afirmó que la reforma es integral y, en su opinión, podría socavar el único contrapeso existente en la protección de los derechos humanos y de los ciudadanos. Además, enfatizó que la medida podría debilitar la autonomía del Poder Judicial y su capacidad para actuar de manera independiente.

En tanto, Humberto Venancio Pineda, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, argumentó que la reforma va en contra del principio de división de poderes, uno de los pilares del sistema republicano mexicano. 

Para que el paro se levante, Venancio Pineda señaló la necesidad de un diálogo abierto, honesto y sin cargas ideológicas entre los responsables de la reforma y los representantes del Poder Judicial.

El magistrado también reconoció que el sistema de justicia en México necesita ajustes, pero subrayó que cualquier reforma debe estar orientada a mejorar y perfeccionar el orden jurídico actual, sin comprometer la independencia judicial. 

“Es necesario ajustar muchos mecanismos, muchos aspectos de nuestro orden jurídico, en particular en el sistema de justicia”, declaró.

Sin embargo, añadió que el problema principal no reside en la administración del sistema judicial, sino en la necesidad de un replanteamiento más profundo y estructural.