La regulación por medio de un acuerdo tripartita del outsourcing o subcontratación laboral impidió el cierre de empresas y despido masivo de trabajadores, así lo señaló el director general de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) Francisco Cuevas Dobarganes, quien también calificó como muy positiva la modificación consensuada en el reparto de utilidades.

El dirigente empresarial reconoció que en el outsourcing se había llegado a abusos por parte de algunos patrones.

Hizo ver que existía el temor de que el gobierno se fuera hasta el otro extremo y prohibiera de manera tajante la subcontratación.

“Es cierto que muchísimas empresas contrataban a la totalidad de los trabajadores por medio de terceros y también es verdad que muchas de ellas lo hacían para evadir las prestaciones laborales”, reconoció el líder industrial.

El esquema consistía en que a los trabajadores se les daba de alta con un sueldo inferior al real, el trabajador y la empresa pagaban menos por el reparto de utilidades, IMSS, el SAR, SAT, e impuestos estatales y esta situación era terciada por otra empresa que también lucraba por ello. A fin de cuentas las tres partes salían beneficiadas, por lo que muy pocas veces se denunciaba el hecho, precisó Cuevas.

El director general de Unidem consideró que ese tipo de prácticas representaban una competencia desleal, ya que mientras algunas empresas pagan el 100 por ciento de los impuestos y prestaciones, otras no lo hacen y eso les representa mayores márgenes que les permiten competir con costos y precios menores.

“Afortunadamente se seguirá permitiendo la subcontratación para actividades y servicios que no tengan que ver con la actividad principal de la empresa, como personal de limpieza, mantenimiento, trabajos administrativos o de seguridad, muchas de ellas por el tipo, ubicación o tamaño, no justifican que tengan ese tipo de personal de manera permanente y con ello se compromete su viabilidad económica”, apunto el líder empresarial.

Francisco Cuevas reconoció la oportunidad del acuerdo que da un plazo de tres meses para que las empresas que llevan a cabo ese tipo de prácticas puedan regularizar su situación, pues con ello se evita que algunas  cierren o tengan que hacer despidos masivos.