El outsourcing se concentraba más en los gobiernos, en el personal de las administraciones municipales, estatales y federales, que en las empresas, señaló Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM).
Ante la prórroga para la implementación de la reforma a la Ley de Subcontratación hasta el 1 de enero del 2022, la líder empresarial dio a conocer que en el Estado de México, ninguna empresa agremiada al CCEM ha tenido inconveniente para cumplir cabalmente con lo establecido en la reforma.
Sin embargo, reconoció, que “el tiempo extra que les dieron les ha servido bien”, para tener todo conforme a la Ley.
Lo anterior luego de que la secretaria de Trabajo del Estado de México, Martha Hilda González Calderón, diera a conocer que algunas empresas dedicadas a la terciarización han tenido conflictos para registrarse ante la plataforma del Registro de Prestadores de Servicio Especializadas u Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
La funcionaria estatal reconoció que en la subcontratación de trabajadores sí hubo muchos abusos, sin embargo, hay empresas especializadas que prestaban sus servicios conforme a la ley, “es injusto calificarlas a todas como abusivas”, comentó.
Asimismo, agregó que la Ley de Subcontratación tiene sanciones históricas para aquellos que no cumplan, las cuales ascienden a los 4 millones de pesos, “es la sanción más alta que se haya generado en la Ley Federal de Trabajo”, apuntó.