El desconocimiento de los procesos y el factor humano, son dos de los componentes que propician la corrupción al momento en que un inversionista tiene la intención de emprender un negocio, señalaron académicos y especialistas en cuestiones financieras y empresariales.
La corrupción, que cohabita entre autoridades y empresarios, se encuentra presente a través de dádivas o extorsiones encaminadas a agilizar trámites, pasar por alto la falta de un requisito o evitar sanciones, ante alguna acción u omisión, en la que ambas partes participan en un acto de cohecho.
Fabiola Lara Treviño, jefa del Departamento de Desarrollo Empresarial e Intercambio y Colaboración Institucional, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, señaló que la corrupción afecta al ecosistema empresarial.
Ésta es una práctica que no es controlada, por lo que no existe un porcentaje o un parámetro de lo que pueda representar económicamente, ya sea de forma monetaria o porcentual, pero existe y genera impactos negativos.
La especialista puntualizó que medir o cuantificar la corrupción es un tema complejo, en el sentido en que cada entidad y cada demarcación cuentan con diferentes requisitos y procedimientos, por lo que emprender una empresa en los municipios de Naucalpan o Nezahualcóyotl, por ejemplo, es enfrentarse a situaciones y contextos diferentes.
La automatización en trámites, describió Lara Treviño, ha propiciado la disminución en actos de corrupción, la cual persiste, por lo que el camino prudente es la implementación de dichos procesos autó- nomos, en la que si se cumplen con los requisitos, se obtienen los permisos o licencias y si no se cumple, no se obtienen y punto.
Asimismo, la académica de la FES Acatlán expresó que en algunos municipios, se le ofrece al empresario, que no se les va a cobrar nada, por emprender un negocio o empresa, sólo se le pide que cumpla con los requisitos, pero al intervenir el factor humano, es cuando se generan los actos de corrupción.
Por otra parte, describió, que la nueva generación de empresarios, que buscan formalizar sus negocios, ya tienen más conocimiento a qué tienen derecho, por lo que se tiende a eliminar estas prácticas, ya que en el pasado se dejaban extorsionar por el desconocimiento de las leyes y las normas.
Por su parte, Aldo Vigueras García, académico y experto en finanzas y economía, expresó que de los tres niveles de gobierno, las principales dificultades a las que se enfrentan los empresarios o inversionistas son a nivel estatal, pero principalmente a nivel municipal, ya que es donde les piden trámites de vialidad, protección civil, de impacto urbano y ecología.
La burocracia a nivel municipal, describió el académico, suele ser más complicada ya que hay trámites que se tienen que consensuar directamente con la comunidad, con consejos de participación y diversas dependencias locales.
Además, indicó que a nivel municipal, los funcionarios al tener un trato directo con las empresas, se aprovechan, ante la necesidad de los inversionistas para poner en funcionamiento sus negocios, cuyas dádivas se exigen, principalmente, para agilizar trámites.
Sobre el costo que tiene para un inversionista o empresario el tema de la corrupción, Aldo Vigueras García señaló que no existen montos específicos, por diversas variables, como tabuladores no oficiales, en lo que, de acuerdo con el nivel del funcionario público, será el monto de la dádiva.
En la corrupción, expresó el académico en temas económicos y financieros, todos son corresponsables, ya que por un lado el empresario, ante la urgencia de abrir su negocio, suelta dinero y los funcionarios son muy sensibles ante estas situaciones, por lo que tienden a propiciar estos actos, al percatarse de que la contraparte se encuentra en una situación apremiante.
Aún es un problema en los ayuntamientos
Pese a todos los avances que se han logrado en materia de mejora regulatoria, los ayuntamientos siguen siendo un lastre para terminar con la corrupción en la tramitología, ya que por más agilidad y reducción de procedimientos, aún existen funcionarios que ponen trabas a los empresarios, detalló Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el Estado de México (Canacintra).
En entrevista, destacó que en los últimos años la administración estatal ha efectuado algunas acciones encaminadas a combatir la corrupción, es importante que los municipios cuiden esta parte.
En este sentido señaló que es en los trámites de licencias de operación, de construcción y en general trámites de desarrollo económico, donde se han percatado los agremiados de la obstaculización.
Recordó que de acuerdo con las nuevas disposiciones de ley, desde el año pasado si una persona dilata una inversión o busca detenerla, puede ser denunciado penalmente y puede llegar a la cárcel, cosa que ya se ha presentado en la entidad, aunque lamentó que hace falta presentar pruebas para que proceda, las cuales son muy difíciles de conseguir.
Además, Rodríguez Polo resaltó que los industriales son el gremio que de facto dice no a la corrupción, no a las mordidas y no a dar dádivas a cambio de agilizar un trámite, porque de ninguna manera les conviene seguir fomentando esta mala cultura que muchas de las veces aleja a los inversionistas.
Finalmente, el líder empresarial mexiquense consideró que ahora con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se tendrá un gran progreso en el combate a esta práctica, ya que serán los propios ciudadanos quienes revisarán y estarán actuando sobre el sistema que tiene el gobierno.
Malos hábitos deben castigarse: experto
La corrupción no sólo es una característica de los servidores públicos, es parte de la cultura mexicana debido a que estamos acostumbrados a pasar por alto las normativas jurídicas y enfocados en realizar el trabajo si sólo obtenemos una ganancia a cambio; la corrupción se acabará cuando las personas vean una pérdida significativa de algo que las perjudique, enfatizó Carlos Rojas Rosales, doctor en Sociología y Licenciado en Psicología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista para CAPITALMEDIA, el especialista explicó que, desde la infancia, la cultura mexicana ha enseñado a las personas a realizar malos actos sin que haya una consecuencia.
“Los niños ven a sus papás que tiran una basura en la calle y no pasa nada, o que el papá miente al decirle al niño que diga que no está y no pasa nada, esos hechos son los primeros acercamientos a hacer de una persona un adulto responsable o un servidor público corrupto”, explicó.
Rojas Rosales agregó que la cultura mexicana tiene una serie de malos hábitos, entre los que se encuentran acciones de “haz y te doy algo a cambio. Cuando le dices al niño ve a traerme algo y te doy dinero, el niño crece considerando en que sólo cuando reciba algo va a hacer las cosas, en lugar de decirle ve a traerme algo porque tú puedes hacerlo”, así, agregó el especialista, “con cosas tan simples, podemos darnos cuenta la clase de adultos que creamos”.
Esta serie de malas acciones “da adultos que se vuelven funcionarios públicos que no llevan a cabo los protocolos o que realizan su trabajo sólo cuando hay una especie de ganancia”, añadió.
Además de que “se les premia cuando no siguen con la regla y no hay consecuencia; entonces se puede hacer una especie de dar a modo, a modo de obtener un beneficio a cambio de hacer mi trabajo”, dijo.
El doctor concluye que para desaparecer este tipo de acciones se requiere de herramientas que expongan la mala conducta y que, además, exista una consecuencia por realizar un mal acto.
“Un ejemplo son las fotomultas, ahí ya no puedes dar un soborno al policía para que te deje ir, hay una cámara que vio que cometiste una infracción y debes de pagar; ahora ya sabes y entendiste que hay consecuencias; cuando hay una pérdida económica o significativa es cuando las personas evitan cualquier acto”, puntualizó.
IP no denuncia pues teme repercusiones
Lo que frena a la Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de México es la falta de denuncia por parte de los empresarios, por temor a las repercusiones, afirmó el presidente de la Coparmex Metropolitana, Arturo Beteta del Río.
Reconoció que aunque se cuenta con una legislación fortalecida, siguen los retrasos en los trámites para licencias de apertura de nuevas empresas y la corrupción en los pequeños municipios.
Aseguró que esto se sufre sobre todo en Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán y muchos otros pequeños, cuyos directores e inspectores están acostumbrados a la “mochada”.
“Sí ha servido la ley, pero si bien no se ha procesado a tantos funcionarios cómo creímos que iba a suceder, ha sido por dos cosas: uno, la falta de denuncia y, dos, en el momento que se han enterado de estas regulaciones se han destrabado los trámites más rápidamente y no se ha llegado a esos extremos”.
“Esto es positivo porque aquellos funcionarios que caían en estos actos han dejado de hacerlo. Sí queda mucho por hacer y definitivamente es algo que el gobierno de Alfredo del Mazo se debe seguir enfocando, porque es indispensable para la generación de empleos, y sobre todo, si se quiere generar más de un millón en los seis años de su administración”.
El tiempo de liberación de las licencias depende si es de bajo o alto impacto; de bajo en horas y de alto impacto, depende de los estudios y cuando mucho no deberían de pasar de dos a tres meses.
“El problema de corrupción de los trámites persiste en algunos municipios, por eso la Coparmex invita a las empresas a que se acerquen a nosotros para que se les dé una asesoría adecuada y en su caso que metan su denuncia por abusos”, enfatizó Beteta.
Recordó que hace años en Coacalco fueron denunciados por corrupción algunos funcionarios. “Hasta donde sé, dos fueron cesados y otros dos encarcelados, a menos que hayan llegado a una negociación con los empresarios afectados”, agregó.
Gobiernos locales buscan vincularse con empresas
Más que frenar la inversión en la entidad, el sector productivo tiende a “sufrir” con trámites engorrosos y tardados que pueden llegar a ser expedidos hasta después de dos años de su primera solicitud, informó la Unión Industrial del Estado de México (Unidem).
Al preguntarle si funcionarios de la entidad solicitan dádivas a cambio de agilizar trámites para la apertura de nuevas empresas en la entidad, Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la organización, señaló en entrevista que “antes sí era una práctica más o menos común. Pero de unos años a la fecha, en el Estado de México, cuando llegan inversiones medianas o grandes dichos proyectos son tomados por funcionarios de mucho mayor rango dentro del gobierno estatal, mismos que precisamente impiden que se den actos de corrupción”, aclaró el empresario.
Dijo que “hay cosas mínimas en las que algunos funcionarios de nivel medio-bajo de repente buscan sacarle alguna dádiva a este tipo de tramitación, pero son cosas que ya casi no se dan”, reiteró Cuevas Dobarganes.
Y especificó que en contraparte, “autoridades como las de Ecatepec, Tultitlán o Tlalnepantla, llevan a cabo ciertas jornadas de regularización en las que en un mismo espacio (muchas veces habilitado por la Unidem) se disponen mesas de trabajo vinculadas con el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Éstas, a su vez, son canalizadas a las Direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, las tesorerías y los organismos del agua municipales, instancias con las que varias empresas que no cuentan con su correspondiente documentación se ven favorecidas al regularizar su papelería para que la tengan en orden”, comentó el líder de Unidem.