A través de una mesa técnica, legisladoras, funcionarios del gobierno estatal, del Poder Judicial y de la Comisión de Derechos Humanos, estudiaron y analizaron la propuesta de iniciativa de Ley de Violencia Química, la cual fue presentada por la Fundación Carmen Sánchez.
Dentro del Congreso del Estado de México juezas del Poder Judicial del Estado de México, personal de la Consejería Jurídica, de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de las secretarías de Seguridad, del Trabajo, de Salud y de las Mujeres, así como de la Codhem, refrendaron su compromiso de impulsar la iniciativa que busca tipificar la violencia química, definiéndose como todo acto mediante el cual se atente contra la vida, la integridad física y psíquica, el libre desarrollo y la dignidad de las mujeres, utilizando para ello sustancias corrosivas, reactivas y explosivas.
Carmen Sánchez, explicó que es mexiquense, sobreviviente a un ataque con ácido en 2014, misma que cuenta con 65 cirugías reconstructivas e innumerables tratamientos dermatológicos, terapias físicas y psicológicas, siendo fundadora de una asociación que acompaña a mujeres víctimas de este delito.
Ximena Canseco, co-creadora de la Fundación y vicepresidenta de la misma, comentó que se debe transitar del término violencia ácida a violencia química, puesto que permitirá evidenciar la utilización de otras sustancias químicas en la comisión del delito, ello al señalar que hay más de 25 mil sustancias químicas que pueden causar quemaduras al entrar en contacto con el cuerpo.
Lo que la fundación ha documentado con base en el Subsistema de Lesiones de la Secretaría de Salud Pública, dijo, es que desde 2022 hay 105 ataques con sustancias químicas contra mujeres en contextos de violencia, de ellos, sólo se dio aviso al Ministerio Público en seis casos.
Ante esta realidad, refirió que no sólo se requieren reformas legislativas para acceder a la justicia en donde el agresor sólo termine en la cárcel, sino también garantizar que exista reparación integral del daño y atención integral, como lo es el garantizarles una atención médica gratuita, inmediata, ininterrumpida y de calidad.
Otras propuestas vertidas es que el delito sea investigado de oficio, asegurar que las autoridades estén capacitadas en la atención de este delito, que la investigación y el juzgamiento tenga debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado, que se fomenten estudios diagnósticos del tema, se otorguen espacios laborales a las víctimas y exista un Registro Público Estatal donde se documente el año del ataque, el tipo de sustancia empleada, el tiempo de respuesta de los servicios médicos, órdenes de protección ejecutadas y si hubo o no reparación del daño.
Tras escuchar a las participantes, las legisladoras del PRI, María Isabel Sánchez Holguín y Elida Castelán, se comprometieron a impulsar la iniciativa para que en este Periodo Ordinario se apruebe.
