Por Alfonso Hernández González
Representantes de 250 agrupaciones que conforman la “Fuerza Transportista 20 de Marzo”, que aglutina a más de 120 mil transportistas mexiquenses, entre taxis, camiones y combis, se pronunciaron con un rotundo no, a equipar sus unidades con dispositivos de seguridad GPS, botones de pánico y cámaras de vigilancia.
Consideran que estas acciones,  señaladas en la Gaceta de Gobierno el pasado 20 de marzo, no resolverán la problemática del sector ni de los usuarios.
El transportista no tiene por qué solventar las obligaciones del gobierno para dotar de seguridad a los usuarios, pues su trabajo se limita a ofrecer el servicio de traslado con respeto, rapidez y limpieza, no de ser policías, por ello es que el sector está en contra de las imposiciones que se quieren hacer con lo publicado en la gaceta de gobierno del pasado 20 de marzo, señalaron en conferencia de prensa.
Por el contrario, dijeron que el cumplimiento de la gaceta sólo les representará un gran gasto que no pueden absorber porque el sector está en bancarrota, pese a lo señalado por el secretario de Movilidad, gracias a tantas unidades toleradas y ahora extranjeros, cargas impositivas, tramitología mal aplicada y corrupción en las ventanillas de atención.
“Necesitamos certidumbre en nuestra inversión, y que se respeten los derechos como concesionarios, pues para la implementación de esta panacea, nunca se nos consultó, no saben que nos duele y que necesitamos, pero sí permiten ahora la competencia desleal con empresas extrajeras”.
De igual manera las cúpulas empresariales de los transportistas, coincidieron en llamar al gobierno a un diálogo, pues si quiere un transporte de primera, es obvio que se requiere de gran inversión, por lo que en el supuesto de cumplir las disposiciones, sin duda se tendría que ver reflejado en la tarifa establecida.
Respecto a esto último señalaron que para ofrecer el servicio que se quiere, el costo del pasaje debería ser de 18 pesos como mínimo, pues en precios internacionales la movilidad cuesta entre un dólar y un euro, pero aquí en la entidad solo se cobran los 10 pesos, lo cual deja un mísero margen de maniobra.
Por otra parte, refirieron que en el requisito de modernización y renovación de las unidades, el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones, pues se tienen meses sin recibir las placas nuevas que ya se pagaron, situación que advirtieron, solo provocará que no se cumplan con sus fechas límite y los paganos serán los empresarios.
“¿Cómo vamos a colocar botones de pánico, si no existe una fuerza de reacción?, ¿Por qué poner cámaras, si no tienen posibilidad de monitorearlas? ¿Para qué el GPS, si aún así nos roban las unidades y no se recuperan? ¿Cómo quieren ver unidades nuevas, si no nos atienden para los trámites de placas?. Diariamente somos víctimas de 100 asaltos, así como del robo de 10 unidades al mes, sin contar los múltiples casos sin resolver de asesinatos a choferes, cosas que no pueden continuar”.
De manera general, señalaron que están en riesgo 112 mil de las 168 mil concesiones de transporte en la entidad, por todas las irregularidades de la Secretaría de Movilidad, por ello pidieron al gobernador abrir canales de diálogo con el sector, ya que el gasto para cumplir a la gaceta oscila entre los 700 y mil dólares, además de acusar que se les impusieron 11 empresas para que puedan adquirir los equipos, lo cual deja ver que las “mejoras” están a modo.
Argumentaron que en caso de no ser atendidos y que se continúe con estas exigencias, los miles de concesionarios tomarán medidas como movilizaciones en toda la entidad, marchas con destino a la Ciudad de México, así como un posible paro de labores.