Con el propósito de mantener el orden al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) de la entidad mexiquense, durante el primer trimestre del año, la Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, ha realizado el traslado de casi mil Personas Privadas de la Libertad (PPL) a Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) de distintos estados del país.
Lo anterior, debido a que por su perfil criminológico y comportamiento, representaban una amenaza para la gobernabilidad de los penales del territorio estatal, la seguridad de los demás internos y de los funcionarios que laboran en estos Centros.
Como parte de esta medida, han sido movilizadas 995 PPL, entre ellas 85 mujeres procedentes de diferentes CPRS del Estado de México.
Aunado a lo anterior, estos traslados permiten sujetar medidas de seguridad a internos que requerían controles especiales de custodia; así mismo favorecen el respeto de los derechos humanos de la población en reclusión, mejorando las condiciones de internamiento y el pleno desarrollo de las actividades de reinserción social.
Es importante mencionar que cada movilización se hace con estricto apego a la ley, además previamente se lleva un proceso, en el que se analizan diferentes escenarios, entre los que destacan la situación jurídica de los sentenciados, que los perfiles no cuenten con un amparo de la justicia federal contra el traslado, además se privilegia a aquellos internos que se ubican en los Módulos Especiales de Seguridad (MES).
Durante la evaluación, también se contempla que los candidatos no cuenten con enfermedades crónico-degenerativas. Para que todo se efectúe de manera correcta, durante los traslados se cuenta con el apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como integrantes de la Guardia Nacional (GN) y custodios de la SS, quienes vigilan todo el proceso para garantizar que se haga de manera pacífica.
Con estas acciones se fortalece el Sistema Penitenciario en la entidad, se ayuda a mitigar la sobrepoblación en los penales mexiquenses, se favorece la reinserción y se evita la creación de células delictivas para prevenir posibles disturbios.
