Los implicados, en la supuesta simulación de contratos, que compromete a algunas de las universidades públicas del Estado de México, con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), podrían ser procesados, por el delito de fraude, así lo señaló, Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México.
En febrero del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó un posible acto de corrupción en el que incurrieron algunas universidades públicas del país, al revisar la Cuenta Pública 2015 en la que se detectó un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.
En la entidad, las instituciones involucradas son la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, de quienes se presume participaron en la simulación de contratos con Sedesol, para otorgar servicios para los que no tenían capacidad técnica ni humana, a fin de configurar desvío de recursos.
Rodríguez Lugo indicó que situaciones, como la señalada por la Auditoría Superior, es una práctica que se ha realizado desde hace mucho tiempo, ya que la mayoría de las universidades públicas no tienen los recursos suficientes, para desarrollar sus actividades de investigación, docencia y demás.
Visto desde el tema jurídico, lo que se vislumbra en esta situación, describe el abogado, es la comisión del delito de un fraude, donde las universidades recibían el recurso y mediante un convenio, de un porcentaje, entregaron dichos recursos a empresas fantasma.
Tanto las universidades involucradas, como la Sedesol, explicó Rodríguez Lugo, de comprobarse, estarían ante la comisión de un fraude, por lo que se tendrían que consignar, tanto a los funcionarios de la dependencia federal, como de las universidades involucradas.
Es una situación muy simple, describió el presidente del Colegio de Abogados, ya que todo indica que está presente un acto ilícito, que jurídicamente representa un fraude de ambas partes, recalcó.