La Universidad Autónoma del Estado de México ya trabaja en el diseño de una nueva propuesta de iniciativa de Ley Universitaria que tenga mayor aceptación y que plasme las verdaderas necesidades de alumnos, docentes, investigadores y administrativos.
Ante lo referido por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández respecto a que se había solicitado al rector de la UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, trabajar en la construcción de una nueva propuesta, se informó a través de un comunicado que ya se trabaja al respecto, asegurando que lo plasmado incorporará los aspectos más relevantes de la Ley General de Educación Superior, así como de las nuevas realidades de la Universidad.
Lo anterior en razón a que dicha Ley promueve el pensamiento crítico, cuidado al medio ambiente, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la cultura de paz, la resolución pacífica de los conflictos, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la autonomía.
Asimismo, se indicó que hay diálogo respetuoso, abierto y constructivo entre la Máxima Casa de Estudios mexiquense y la LXI Legislatura, con el fin de brindar mejoras dentro de la institución educativa, una de las mejores instituciones de educación superior de México, reconocida por instancias internacionales.
Además de que el subsidio ordinario federal por estudiante que recibe se encuentra en la posición 33 de las 35 universidades públicas estatales del país, es decir, de las menos favorecidas, lo que representa 35% menos de la media nacional.
Incremento Presupuestal
Por cuanto hace al tema presupuestal, la Autónoma mexiquense señaló que para el ejercicio 2022 requieren de 500 millones de pesos adicionales para compensar lo que se recauda por cuotas e inscripciones, así como 377 millones de pesos para cubrir el pago de impuestos sobre erogaciones al trabajo personal, pago de agua, pagos de marcha, finiquitos, entre otros.
De manera adicional, refiere que se deberá tomar en cuenta el incremento a las negociaciones salariales del personal académico y administrativo que tendrá un impacto de más de 150 millones de pesos.