Si bien, el corte más actualizado de amnistías otorgadas por el Poder Judicial, refiere que han sido concedidas mil 659, de estas, sólo el 5% han beneficiado a mujeres.
En este sentido, el diputado Max Correa Hernández, uno de los principales impulsores de la Ley de Amnistía del Estado de México e integrante de la comisión especial en la materia, indicó que únicamente 84 mujeres se han beneficiado con este instrumento jurídico.
Ante este escenario, consideró que una de las características que debe tener la aplicación de la Ley de Amnistía en la nueva etapa que enfrenta, es la perspectiva de género y el enfoque hacia grupos vulnerables, como campesinos, indígenas y jóvenes.
“Puede ser multifactorial el hecho por el que las mujeres no se beneficien de igual medida de la Amnistía que los hombres, pero es importante que el Poder Judicial, el Legislativo, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México utilicen un enfoque de género para difundir los beneficios de la ley, y que sean más mujeres quienes la soliciten”, señaló.
En este sentido, indicó que en el país, existen 12 mil 253 Personas Privadas de la Libertad (PPL’s) que son mujeres, lo que significa un incremento del 15% respecto a las 10 mil 589 contabilizadas en 2020; de éstas, el 20.9% (2 mil 092), están recluidas en penales del Estado de México.
“La mayoría de los delitos por los que las mujeres están privadas de la libertad en la entidad mexiquense son el de robo, por lo que al menos el 70 por ciento podrían salir con la Amnistía, siempre y cuando se encuentren en las hipótesis previstas por la Ley, y en su caso garanticen la reparación del daño de alguna manera”, dijo.
Sin embargo, en su momento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar justificó que el motivo por el cual se han estado otorgando más amnistías para hombres que para mujeres, es porque el grueso de la población penitenciaria son varones y porque la mayoría de las mujeres son culpabilizadas por delitos de alto impacto.
“Las mujeres que están privadas de su libertad, están más vinculadas con delitos de alto impacto que de bajo impacto”, comentó