Verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), ya no podrán sancionar, ni clausurar a las unidades económicas, sin antes haber dado tiempo para corregir la falta al empresario o dueño del establecimiento, informó Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico de la entidad, al dar a conocer las nuevas medidas que se lograron modificar para incentivar la inversión en la entidad y agilizar los trámites para la apertura de nuevas empresas y/o comercios.
“Ya no habrá multas directas por los verificadores de la Coprisem, ni tampoco habrá una discusión de si se multa o no”, expresó, al reconocer que diversos actos de extorsión y corrupción se derivaban de las verificaciones.
En compañía de Palemón Jorge Cruz Martínez, director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, y Benjamín Roberto Vera, director jurídico de Coprisem, la titular de la Sedeco, precisó que “las multas y sanciones sólo se llevarán a cabo si se pone en riesgo la vida de las personas, si eso ocurre, pero la mayoría de los supuestos ya no van a ameritar una multa”.
Al respecto, Roberto Vera, informó que actualmente hay cuatro verificadores de la Coprisem, que se encuentran en proceso penal por presuntamente realizar actos de extorsión.
Toluca y Nezahualcóyotl, señaló, son los municipios mexiquenses donde los empresarios reportan la mayoría de estos ilícitos.
El director jurídico de Coprisem apuntó que, como parte de estas modificaciones, los 400 supervisores están siendo evaluados y capacitados, para realizar una depuración de los malos elementos.
“Exámenes médicos, toxicológicos, estudios socioeconómicos y evaluación poligráfica”, detalló, forma parte de los pasos de la evaluación, para llevar a cabo una limpieza objetiva.
Asimismo, informó que el cuerpo directivo, también fue evaluado, así como el personal de jurisdicción de esta Comisión.
En tanto, Palemón Jorge Cruz Martínez, director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, dio a conocer que se lograron reducir al 50 por ciento los trámites para la apertura de negocios de mediano y alto impacto, y que a través de estos también se llegaban a cometer actos de corrupción.
