Dos comisarios del Estado de México fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, mientras que un tercer funcionario fue reaprehendido ya que se negó la vinculación por falta de pruebas.
Los tres están relacionados con actividades presuntamente vinculadas al cártel de La Familia Michoacana, lo que se detectó tras la desaparición del director de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo.
Juan N., director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, y Carlos Alberto N., director de Seguridad Pública de Aculco, fueron formalmente vinculados a proceso tras ser denunciados por extorsión por parte de comerciantes locales.
Las víctimas señalaron que ambos funcionarios les exigían pagos periódicos a cambio de supuesta “protección”, una táctica similar a la que emplean organizaciones criminales como La Familia Michoacana para controlar negocios en la región.
En el caso de Juan N., las investigaciones señalan que el 19 de julio de este año se acercó a un puesto de vendedores de artículos patrios en el tianguis de la cabecera municipal de Coatepec Harinas. Según la denuncia, el funcionario les exigió una cuota de mil pesos para permitirles seguir vendiendo, además de ofrecer “protección” bajo la amenaza de hacerles daño si no cumplían con sus exigencias.
Días después, el 26 de julio, de acuerdo con las investigaciones, Juan N. regresó al puesto y, ante la presión, los vendedores decidieron entregarle 500 pesos, ya que su precaria situación económica no les permitía pagar más.
El director de Seguridad Pública habría advertido que, si no le entregaban la cuota completa en su siguiente visita, cumpliría con las amenazas violentas.
Por otro lado, en el caso de Carlos Alberto N., director de Seguridad Pública de Aculco, se le acusa de operar bajo el mismo esquema de extorsión, exigiendo dinero a comerciantes a cambio de protección en su municipio.
Mientras tanto, Luis Ángel N., director de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue reaprehendido luego de que las autoridades judiciales determinaran que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el delito de secuestro con fines de robo.
Pese a la falta de pruebas en este delito en particular, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una segunda orden de aprehensión en su contra.
La detención y procesamiento de estos tres funcionarios de seguridad pública ha desatado una alerta sobre la presunta infiltración de La Familia Michoacana en las corporaciones de seguridad del Estado de México, una problemática que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la creciente violencia y extorsión en varias regiones de la entidad.
Es importante destacar que existe una orden de aprehensión vigente en contra de Justo N., comisario de Atlacomulco quien logró evadir el operativo simultáneo que se implementó para capturar a los mandos policiacos el 2 de septiembre.
Además, el comisario de Acambay también se encuentra vinculado a proceso por el delito de extorsión.