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Ya llegó el regreso a clases, pero aún no llega iniciativa para vigilar a la comida chatarra en escuelas

 

Las escuelas que vendan alimentos y bebidas no permitidos, pueden ser acreedoras a sanciones administrativas y económicas


Ante el inicio de las clases del ciclo escolar 2024-2025, aún no se contempla por parte de la Secretaría de Salud de la entidad llevar a cabo alguna acción de vigilancia en las escuelas para evitar la venta de comida chatarra al interior y exterior de las instituciones educativas, dado que no se han publicado los lineamientos de las reformas más recientes a la Ley General de Educación que prohíben la venta de estos alimentos.

Si bien, desde 2014 entraron en vigor prohibiciones para vender productos ultra procesados en las escuelas y en el 2023 hubo una nueva reforma, no hay una actuación para hacer valer la ley.

En el ciclo escolar 2022-2023, datos del Escuela Saludable, de El Poder del Consumidor, señalan que aún en el 97 por ciento las escuelas se ofertó este tipo de comestibles.

Al respecto, Liliana Bahena, coordinadora de Mi Escuela Saludable, ha dado a conocer que prohibir la venta de comestibles ultra procesados tiene la intención de promover el consumo de alimentos naturales de la región, así como hacer valer el derecho a la salud y alimentos a los infantes.

De acuerdo a los datos de esta organización, el 98 por ciento de las escuelas evaluadas venden comida considerada chatarra, 76 por ciento venden refrescos con azúcar, 93 por ciento ofertan bebidas azucaradas y 75 por ciento tienen venta de comida no saludable afuera de sus instalaciones, haciendo caso omiso a de las últimas reformas.

Es de destacar que son los propios padres de familia de los estudiantes quienes llegan a vender afuera de las escuelas estos alimentos, como fuente para percibir un poco más de ingresos para sus hogares.

Asimismo, las cooperativas escolares se crearon como un medio comercial de consumo, por lo que su finalidad es económica y no de nutrición.

Ante estas dos problemáticas, se enfrentarán las autoridades de querer aplicar la ley y si es que realizan las inspecciones al respecto.

En materia administrativa, la sanción puede ser la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de la validez oficial de estudios de la escuela. En tanto, en materia económica implica una multa de hasta mil UMAs, es decir, más de 108 mil pesos.