Tras la riña en el Penal “Las Cruces” en Acapulco que dejó 28 muertos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 2/2017 dirigida al gobierno de Guerrero, ya que en los cinco centros de internamiento en la entidad prevalece irregularidades como el autogobierno, hacinamiento, falta de custodios, entre otras irregularidades, entre otras.
La CNDH indicó que atrajo el caso de los hechos violentos en el penal de “Las Cruces” para investigar posibles violaciones a los derechos humanos de los internos.
El MNPT detalló que visitó los penales en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.
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Señaló que en dichos centros –en especial en el de Acapulco en donde el 6 de julio se registró una riña– persisten condiciones que podrían derivar en hechos violentos donde internos sean víctimas de actos de tortura o maltrato, entre otras situaciones.
De acuerdo con las irregularidades registradas por el MNPT están el autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio y falta de espacios exclusivos para mujeres.
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Además detectaron deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
El organismo nacional dijo que dichas situaciones constan en los informes emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017 que tenían el propósito de impulsar acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó recomendaciones puntuales al Gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.
Propuso implementar programas de prevención y atención de la violencia; reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias; mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, entre otras.
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La CNDH atrajo el caso de los hechos violentos en el penal de “Las Cruces” para investigar posibles violaciones a los derechos humanos de los internos.
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