POR DALILA ESCOBAR

Los “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador como candidato en el segundo debate sobreviven en su transición y, afirman, aterrizarán en proyectos como Presidente de la República.
En su iniciativa de la ley de amnistía y de reducción de penas, las víctimas serán el centro de su justificación, dado que otra de sus premisas –repetida en cada declaración de sus virtuales secretarios de Estado– es no combatir la violencia con más violencia.
Un ejemplo clave es que los padres de desaparecidos están dispuestos a perdonar con tal de encontrar a sus hijos, afirma quien sería designada para ocupar la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La ministra en retiro también justifica tales decisiones al contar que con sólo dos horas de diálogo que ha mantenido con víctimas “sales devastada”.
Esta iniciativa podría abarcar el lapso a partir del 1 de diciembre de 2006 hasta 2018, aunque aún estudian qué periodo será.
De acuerdo con el diagnóstico en el tema de “Sociedad segura y estado de derecho”, de su Proyecto de Nación 2018-2024, concluye que “la crisis de seguridad que se vive en el país es mucho más profunda y grave que un mero asunto de policías, narcotraficantes y delincuentes. Una crisis de valores y de convivencia marcada por el resentimiento social a causa de la pobreza y la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes, que se traduce en violencia”.
La búsqueda está en “serenar al país” y Sánchez Cordero habla de una justicia transicional, un término del que tanto ha hablado desde que tienen que explicar cómo funcionará la ley de amnistía y que ahora descifra: “buscaremos hacer una transición de un tema de violencia, de descomposición, a un tema de pacificación social”.
De acuerdo con un informe del equipo de trabajo de López Obrador, el 1 de febrero de 2019 es la fecha límite para presentar ante la Cámara de Senadores, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Este procedimiento estará basado en los cuatro derechos que tiene la víctima: derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y los mecanismos de no repetición.
Pero no sólo las víctimas a causa de una desaparición forzada serán beneficiadas, también quienes por una condición de pobreza o de la violencia en ciertas regiones del país se ven forzados a participar en actos delictivos.
Se trata de una ley de amnistía basada en hechos del pasado y delimitada por periodos; sin embargo, aún no establece el universo de personas a las cuales va dirigida.
No es para todos
Lo que sí está claro es que, por las convenciones internacionales en las que participa México, esta iniciativa no podrá dirigirse a los delitos de lesa humanidad, los de alto impacto: tortura, homicidio, violación, trata de personas, desapariciones, secuestro, homicidio, extorsiones.
Para el experto en temas de seguridad, José Reveles, “la amnistía es olvido y se aplica a gente que muy posiblemente por sus condiciones de pobreza cayó en prisión por sembrar droga o por transportarla, hay muchísimos casos de indígenas: hombres y mujeres que transportan droga porque los usan de ‘burreros’, les dan una bolsa, les dicen te pago tu pasaje hacia la Ciudad de México y te doy una lana, mi primo te va a esperar, y lo que hacen es mandar la droga”.
Ejemplificó con el caso del penal de Santa María Ixcotel, en Oaxaca. “Hay mujeres indígenas que tomaban clases de pintura con Francisco Toledo, todas tenían la misma historia: las engañaron llevando droga, es algo muy común”.
De hecho, aseguró que “no es raro y tampoco es una excepción que los gobiernos estatales en las navidades daban amnistías a los indígenas, les daban oportunidad de irse a su casa como regalo, porque cometiste un error o un acto ilícito, pero no eras muy consciente, a lo mejor no eras monolingüe, pero además es la primera vez que lo haces”.
Estas personas, asegura Reveles, no son reincidentes, “porque la cárcel es muy dura”.
La puerta podría estar abierta incluso para los narcomenudistas, los grandes capos no tienen cabida, de acuerdo con su Proyecto de Nación 2018-2024.“La Inteligencia para la prevención se centrará en la detección de la infraestructura del crimen organizado y en la aplicación severa de la extinción de dominio y aseguramiento de los bienes con que los delincuentes apoyan su operación diaria”, señala.
Reducción de penas
Para quienes no entren en una amnistía, podrían hacerlo en la otra gran iniciativa a la que le apuesta el gobierno lopezobradorista, en voz de la ministra en retiro Sánchez Cordero: “También estamos pensando en una ley de reducción de penas para delitos”.
Ésta podría aplicar para informantes sobre un delito y que aportan datos que buscarán sea cotejable, precisa y que serán de ayuda principalmente en los casos de los desaparecidos.
“Muchas de las víctimas familiares se han acercado y dicen que dan amnistía con tal de encontrar a su hijo, es el valor supremo para ellos”, ha asegurado Sánchez Cordero.
Sin embargo, esta segunda parte de la reducción de penas, explica Reveles, es una estrategia parecida a la que aplicó el gobierno de Felipe Calderón de testigos protegidos pagados.
“Me parece difícil que algunos acepten haber desaparecido personas, para empezar, y segundo en el periodo de Calderón se dio una fábrica de culpables que inventaban lo que querían, había testigos milusos que testificaban en cualquier caso, además de que muchos declaraban bajo tortura”, detalló.
Datos de la Procuraduría General de la República, ordenados por el entonces IFAI, indican que entre los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón se gastaron 178 millones 261 mil pesos para dar protección, manutención y sueldos a 582 testigos que dieron testimonios en diversas averiguaciones previas.
Ante este riesgo, Sánchez Cordero afirma que se asegurarán de que la información sea cierta, cotejable y precisa.
Otro obstáculo es que de brindar información se corra el peligro de que se vuelvan a dar asesinatos de estos informantes
. Un caso que ya se dio fue el de Édgar Bayardo del Villar, quien fue asesinado en 2009 mientras estaba en una cafetería de la calle Pilares, en la colonia Del Valle y quien era testigo protegido que ofreció declaraciones de nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado. De darse el caso, la violencia podría prevalecer en el entorno de dicha estrategia.