Por Andrés Solís
En México no hay presupuesto, instituciones ni organizaciones de la sociedad civil que alcancen a atender a miles de víctimas, de allí que haya una percepción poco alentadora para que quienes han sufrido delitos y/o violaciones a sus derechos humanos, puedan recibir atención ni mucho menos la reparación del daño y acceso real a la justicia.
A poco más de cinco meses de que se aprobaran reformas a la Ley General de Víctimas, sólo Tamaulipas y Veracruz han armonizado sus esfuerzos de atención a estas modificaciones legales y en los casos de Ciudad de México, Baja California y Guanajuato ni siquiera han iniciado la armonización de su marco jurídico con la Ley que se aprobó en 2012.
Actualmente sólo 18 entidades federativas han conformado instancias de atención a víctimas.
Además los intentos del Estado Mexicano por atender a las víctimas está comenzando por el presente inmediato, lo que no garantiza acceso a la justicia a quienes fueron violentadas en el pasado, en casos como la represión estudiantil en los años 60 y 70 a la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, pasando por historias de la Guerra Sucia, Aguas Blancas, El Charco, Acteal y casos como los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
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