Son las ocho de la mañana y el sonido del silbato indica el inicio del partido de futbol. Pepe toma la pelota con habilidad y cruza el mediocampo, hace un drible, manda pase y se reacomoda para recibir el balón. “Es un crack”, comenta Ramiro Alcántara, su padre, mientras su hijo de 14 años recorre la banda derecha del campo con destreza y velocidad.
Pepe vive en una de las colonias del municipio de San Martín Texmelucan, a media hora de la capital de Puebla, donde, a su edad, eres estudiante y futbolista o eres reclutado por el crimen organizado para ser “halcón” o vigía y servir al huachicol de la región.
Actualmente, en México, 32 mil niños y jóvenes trabajan para la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas, hasta la piratería y el narcotráfico, estiman datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2015 registraban 30 mil, según el reporte “Violencia, niñez y crimen organizado 2015” de la misma comisión.
“Pueden ser más, porque el proceso de reincorporación de los muchachos no se está dando, y si no se está dando van a estar más expuestos a ser captados por el crimen organizado, además de que la violencia no ha parado en México”, asegura, en entrevista telefónica desde Panamá, la relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien fue designada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019.
El reporte “Infancia y Conflicto Armados en México” publicado en 2011 por la Red por los Derechos Infantiles (Redim), asegura que en México son alrededor de dos millones y medio los niños de cinco a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada.
“Cuando las familias se insertan en las actividades de esas zonas de Puebla, Guanajuato o Veracruz, Chihuahua, Durango, forman parte de estas formas de sobrevivencia, donde se tiene una lógica económica, afectiva y cultural que permite la reproducción de ello”, opina Juan Martín Pérez, director de Redim.
En la comunidad donde vive Ramiro, todos sus vecinos se dedican al huachicoleo. “Hasta los niños andan ahí de halcones y nadie hace nada”, lamenta Ramiro, mientras ve a su hijo jugar.
Pepe convive con menores huachicoleros, de su edad o dos años más o menos. El crimen organizado les paga entre tres mil y cinco mil pesos a la semana. Algunos van a la misma escuela con él pero son cuidadosos de hablar del tema. Cuando Pepe por curiosidad quiere saber sobre la actividad de sus compañeros, la respuesta es contundente: “¿para qué quieres saber? Eso lo puedes ver en internet”.
Para la doctora Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) del CONACyT y quién publicó el informe Especial “Adolescentes:Vulnerabilidad y Violencia 2017”, es necesario buscar las causas de raíz que están originando los problemas como “la pobreza, la violencia, la mala educación, la falta de servicios de seguridad social, empleos precarios con muy malos salarios”.
A menos de 10 minutos de donde juega Pepe, en uno de los cerros cercanos a la avenida principal San Miguel Lardizábal, de la colonia La Purísima, cinco jóvenes en motocicletas platican entre ellos.
Se ven tranquilos, pero sus ojos siguen atentos a la circulación de autos en el camino; saben quién sube y quién baja sobre la avenida; informan, mediante breves llamadas a sus jefes, el movimiento y recorrido de todo tipo de vehículos.
Otros dos jóvenes circulan con gran velocidad en motos de bajo cilindraje, tipo Carabela, de las que ocupan los repartidores de los comercios en la zona.
No traen casco, llevan al hombro una mariconera, visten con pantalones de mezclilla, playera ligera y un chaleco; llevan puesta una gorra, normalmente con la visera hacia atrás, y calzan tenis.
Cada uno observa un punto distinto de la avenida. En un recorrido de CAPITALMEDIA por la zona, se pudo contabilizar, durante media hora, a más de 25 jóvenes en motocicleta que recorren vigilantes las avenidas del municipio de San Martín Texmelucan, municipio ubicado a una hora de la Ciudad de México.
Según la relatora para México de la CIDH, la participación de menores de edad en actividades delictivas tiene causas distintas: la falta de políticas de protección a la infancia, de los programas de prevención y atención a la violencia familiar y de género, así como la pobreza, falta de oportunidades y educación.
“Cuando se hace una evaluación del por qué mucho chicos entran al mundo de las drogas, de las pandillas y del crimen organizado, la razón es porque no tienen otro espacio.
“No tienen el espacio de familia, no tienen el espacio de la escuela, no tienen el espacio de la comunidad, de las instituciones que dicen proteger sus derechos. Junto con la pobreza por supuesto la ausencia de respuesta del Estado”, opina la relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
“¿Será tan extraño que el hijo de un médico sea médico? ¿Será tan extraño que el hijo de un abogado sea abogado? ¿Será tan extraño que el hijo de un huachicolero sea un huachicol? No lo es, no tiene nada de extraño; es el ambiente donde él creció, son las oportunidades que están a su alcance”, reflexiona Azaola.
El silbato “cantó” el final del partido. Pepe perdió por dos goles pero metió uno. Mañana irá a la secundaria; estudiará y verá a sus compañeros. Mientras avanzamos por las colonias se percibe una tensa calma. Quien no vive en la zona y sólo visita el lugar, no puede distinguir fácilmente quién es halcón y quién no.
Sin embargo, tras concentrarse en los detalles, se puede observar a los jóvenes de distintas edades, cada uno en un lugar, como soldados, trabajando para el crimen organizado.