De 300 mil a 2 millones aumentará el número de servidores públicos del Gobierno Federal que estarán obligados a presentar su declaración de bienes patrimoniales y de intereses, a partir del 19 de julio de este año, cuando entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
La medida también será aplicada por los sistemas estatales anticorrupción y en el Estado de México se incrementarán los 90 mil funcionarios que sólo cumplen con la declaración de bienes patrimoniales y de intereses, explicó Javier Vargas Zempoaltécatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Fiscalización Administrativa del Gobierno Federal.
La advertencia a funcionarios responsables de las áreas de contralorías municipales y del Estado de México es que todos los servidores públicos de diversos niveles, de organismos públicos y descentralizados, así como aquel personal relacionado con la contratación, licitaciones, convocatorias de adquisición y administración de bienes materiales y económicos, tendrán la obligación de rendir cuentas.