El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado de Guatemala a México por delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).

“Es mi deseo allanarme a la solicitud formal presentada por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos, y es mi deseo, así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país”, declaró Duarte, durante su tercera audiencia en el Palacio de Justicia de Guatemala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

José Galdamez, fiscal guatemalteco, indicó que los delitos federales que se le imputan a Javier Duarte son procedentes para conceder su extradición a México, conforme al
Tratado de Extradición con Guatemala ya que en ambas naciones existe coincidencia entre la sanción delictiva, y señaló que no se trata de acusaciones políticas.
Tras escuchar las 19 pruebas presentadas por México para que se consienta su extradición, el ex mandatario estatal expuso que en la solicitud de extradición en su contra no se señala que su nombre o alguno de sus familiares aparezcan mencionados como personas que hubieran pretendido ser ejidatarios en el Ejido Lerma, en el estado de Campeche, por la adquisición ilegal de 21 parcelas en esa zona.
En tanto, el defensor de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las pruebas incluidas en la solicitud de extradición no logran demostrar en qué momento existe el vínculo del imputado con los señalamientos por los cuales se pidió su entrega a México.
“En ningún caso se logró probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial está liderada o que Javier Duarte tuvo alguna participación, simplemente son señalamientos que son una manera en que los encargados de la persecución penal, digan cuál es su participación en el hechos”, comentó el abogado.
Cabe recordar que Duarte es acusado de haber establecido una serie de empresas fantasma junto con allegados suyos que fungieron como prestanombres con el fin de desviar fondos públicos.
La solicitud de extradición fue presentada por la PGR el 7 de junio.
La Fiscalía de Veracruz se adhirió a la misma solicitud con sus propias órdenes de aprehensión.
El 27 de junio, en su segunda audiencia, Duarte aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones por los delitos de incumplimiento del deber y el tráfico de influencias que formuló en su contra la Fiscalía de Veracruz.
¿Qué procede?
Ahora que Duarte aceptó ser extraditado se iniciará un proceso de notificaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Autoridades guatemaltecas tendrían un plazo de hasta 60 días naturales para entregarlo a las autoridades mexicanas, por lo que Duarte podría llegar a México entre el 10 y 12 de julio o en las próximas semanas, antes de que se cumpla un año de su escape.
Al llegar a México, la PGR lo pondrá a disposición del juez de distrito del Reclusorio Norte, que fue el que emitió la primera orden girada en su contra.
Duarte de Ochoa sería encerrado en un penal federal, debido a que los cargos de los que se le implican son de ese fuero.
Los procesos impulsados por la PGR y Veracruz podrían ser llevados a la par.