Por Patricia Guillén
Son 13 los municipios que reportan más de 100 casos de mujeres desaparecidas en México y se concentran específicamente en seis entidades federativas, de acuerdo a un estudio elaborado por la organización civil Idheas.
El reporte señala que Tamaulipas y Estado de México son las entidades federativas que concentran los municipios con mayor número de mujeres desaparecidas; pero Puebla es el lugar que tiene el mayor número de casos registrados con 429 casos.
En segundo lugar con mayores casos registrados es Reinosa con 244 casos; le sigue Monterrey con 240 casos; Tijuana con 235 mujeres desaparecidas; Matamoros, 221 casos; Nuevo Laredo con 198; Toluca con 183 casos registrados; Ecatepec con 146 casos; Nezahualcoyóylt con 135; Juárez con 125 casos; Tampico con 112 casos, Ciudad Victoria con 109 casos, y Chimalhuacán con 100 casos de mujeres desaparecidas, respectivamente.
La organización Idheas, especializada en litigio estratégico en Derechos Humanos, indica que de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), son alrededor de ocho mil 798 casos de mujeres desaparecidas a nivel nacional que están reportadas por el Fuero Común. De estos casos, en el 10 por ciento se desconoce el municipio donde sucedió la desaparición.
Idheas también señala que las cifras de mujeres desaparecidas en el Estado de México pudieran ser más altas, ya que “existen muchos casos que no han sido reportados por miedo a represalias. Que las mismas autoridades encargadas de recibir las denuncias podrían estar coludidas con los delincuentes”.
La Fiscalía General de Justicia del estado de México tiene registro de que el 59 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas en dicho lugar corresponden a niñas o adolescentes, con un 31 por ciento, la mayoría se ubica entre los 15 y 17 años de edad.
Según el reporte, la mayoría de las mujeres desaparecidas en México son a causa del secuestro y la privación ilegal de la libertad, trata de personas, tráfico de niñas y mujeres migrantes, entre otras consecuencias, que en la mayoría de los casos “son perpetrados tanto por los delincuentes como por servidores públicos”.