Cantidades poco conocidas y sin control en su erogación. Un analisis de la Cuenta Pública de 2016 arroja que el presupuesto autorizado para los gobiernos estatales fue de 11 mil 398 millones de pesos aproximadamente y que su gasto real fue de 28 mil 980 millones.
El gasto final superó a todo el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo.
El gasto anual que los congresos estatales aprueban para publicidad de sus gobernadores casi triplica al que se autoriza para el Gobierno Federal, y ambos se exceden año con año.
De acuerdo con los datos oficiales en 2017 al Gobierno Federal se le autorizaron 3 mil 268 millones de pesos, pero se gastó 7 mil millones de pesos más, para totalizar 10 mil 310 millones.
Las cifras conjuntas de lo autorizado para el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en 2016 sumaron casi 14 mil 66 millones, pero en conjunto gastaron 39 mil 290 millones de pesos aproximadamente en un solo año.
En este contexto, sólo cuatro estados de los 32 que componen la República Mexicana reportan su gasto en publicidad oficial y comunicación social. Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Nayarit, a partir de este año, comenzaron a transparentar estos recursos.
Si se considera solamente la partida aprobada cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), entre 2013 y 2017 se debieron haber gastado 14 mil 665 millones de pesos en servicios para este rubro.
Para Artículo 19, Fundar, Mexicanos contra la Corrupción y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el total del gasto en este rubro es de 46 mil millones de pesos, desde 2013 a 2017, y podría aumentar con el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
“No existen criterios, este dinero es una ‘caja chica’ del Gobierno Federal, estatales y de los poderes; lo deseable es que hubiera criterios establecidos, claros, objetivos y transparentes para la asignación, basados en la idoneidad del medio”, aseguró en entrevista Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.
 
Entidades con incrementos y mecanismos de control
Este fenómeno de recursos adicionales tiene su espejo en el orden estatal de gobierno. Si se considera el gasto en el rubro de Comunicación Social que hicieron los estados en 2016, 26 de ellos tuvieron incrementos respecto de lo presupuestado originalmente. El caso más moderado, en terminos de porcentaje, fue el Estado de México, que gastó 21 millones de pesos más (11.2 por ciento de su presupuesto original), para llegar hasta 208 millones de pesos, una cifra equivalente a gastar 569 mil pesos diarios para este rubro.
Esto contrasta con las dimensiones de los gastos más grandes, ya que, en términos absolutos, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua tuvieron gastos de 842, 452 y 437 millones adicionales a los presupuestados, respectivamente.
De la misma manera, los casos más grandes en términos porcentuales fueron Puebla, Zacatecas, y Sinaloa, con incrementos de 8,684%, 2,817% y 1,701%, respectivamente. “Tomemos en cuenta que en los estados hay medios que llegan a depender de la publicidad oficial hasta en un 80 por ciento, es decir, ¿va a ser independiente en su palabra o lo que diga?, pues no, nadie muerde la mano que le da de comer. Al final, el medio dice lo que el jefe le ordena y el jefe, en este caso, es el gobierno”, aseguró Ana Cristina Ruelas directora de Artículo 19.
Para Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, en todos los estados de la República, al no existir reglas de operación del gasto en publicidad oficial, existen estos mecanismos de control con los medios de comunicación “y esta relación perversa entre medios y gobierno. En la mayoría de los estados no se sabe en qué campaña se destinó este recurso y el problema es que se fomenta la concentración al oligopolio televisivo”, señaló la investigadora.
“En el caso de Tamaulipas, el incremento en el gasto de publicidad oficial puede figurar en un decrecimiento en las agresiones, pero eso no significa que no haya censura. Vemos cómo la prensa se adecua cada vez más al poder público a través del dinero de la publicidad oficial y entonces empieza a adquirir un perfil más adecuado, más empático con el gobierno. Tamaulipas es el estado que más gasta y es una zona de silencio”, destacó Ana Cristina, directora de Artículo 19.
 
Razones electorales
Las diferencias entre un estado y otro parecen no tener una explicación demográfica, territorial o económica, pero sí introducen la variable electoral. En 2016, los estados donde no fue año electoral, el promedio del gasto adicional fue de 180%; en contraste, en los 13 estados que hubo elecciones (considerando la elección extraordinaria de gobernador en Colima), el promedio es superior de modo estadísticamente significativo, ya que ahí se incrementa hasta 1,103 por ciento. Si se repite el ejercicio para la información de 2015, en los estados que hubo elecciones a gobernador, el incremento fue de 210%, mientras que en los que no hubo comicios, el aumento fue de 152 por ciento.
“Claramente, en año electoral, el gasto real de comunicación social de los estados se incrementa todavía más que en aquel en el que no hay comicios. En el total de 2016, el presupuesto aprobado por todas la entidades fue de 3 mil 994 millones de pesos, mientras el gasto fue 139% superior, llegando a 9 mil 528 millones de pesos (26.1 millones de pesos diarios). Tan solo el financimiento público que el INE otorgará a los partidos políticos en 2018 fue de 6 mil 702 millones de pesos”, analizó Leonardo Núñez González, investigador de la cuenta pública en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
 
Medios, criterios y legislación
En México se han hecho dos reformas constitucionales que instan a la regulación de la publicidad oficial. La última, en 2007, que añadió un párrafo al articulo 134, donde prevé que la publicidad oficial no puede ser utilizada para otros fines que no sean los de educación, cultura, temas sociales y de protección civil, y que tengan un carácter meramente institucional. El artículo señala claramente que no se puede utilizar la publicidad oficial para promover figuras, imágenes o voces de funcionarios públicos.
Después del 2007 nunca se dio un proceso de regulación y las organizaciones civiles iniciaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la omisión de legislar; la corte ordenó al Congreso la regulación de este octavo párrafo del articulo 134 y en abril de 2018 se emitió una legislación.
Las faltas de normas y de su laxitud han hecho que en estos momentos no existan criterios, regulación ni sanciones por este gasto indebido. De acuerdo con un análisis del Sistema de Comunicación Social del Gobierno Federal, hecho por Fundar, existe una gran concentración de recursos en unos cuantos proveedores de publicidad oficial: de los mil 163 registrados en 2016, 10 concentraron 49 por ciento de los recursos.
 
Esperanza en el nuevo gobierno
“Hoy podemos hablar de un gasto exorbitante, indiscriminado, pero aun pensando en una reducción del gasto, necesitamos reglas claras para la asignación y la no discriminación del gasto”, opinó Leonardo Núñez, especialista en el análisis de la Cuenta Pública.
Para los investigadores de las organizaciones civiles, si no hubiera un proceso de abrogación de la ley general de Comunicación Social y la emisión de una nueva legislación, esto también podría suceder a través de los lineamientos de Comunicación Social que tiene que emitir, en el caso del actual gobierno, la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Segob o la nueva entidad encargada de asignar el gasto en Comunicación Social que determine el nuevo gobieno.
Para los analistas, mientras haya criterios transparentes y sean consecuentes con el plan anual de Comunicación Social, “donde podamos ver que en el plan anual hay una relación causal entre los lineamientos y el plan, entonces hay más certezas que el dinero que se está utilizando de manera eficiente”, aclaró Paulina Castaño.
“Estas dos medidas que se anuncian pueden parecer soluciones al problema del gasto en publicidad oficial pero no lo son si no existen reglas claras de asignación. Si desde esta omnipotente Secretaría de Comunicación Social o centro de Comunicación Social, como se vaya a llamar, se sigue dictando la línea editorial de los medios, esta medida va a mantener el grado de censura que hoy por hoy vivimos”, señaló el investigador Leonardo Núñez.
La intención con la nueva Legislatura y el nuevo gobierno es revertir esta ley de Comunicación Social que fue aprobada, que sea abrogada y que sea aprobada una nueva norma con los principios de publicidad y libertad de expresión emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las bases mínimas de regulación y libertad de expresión emitidas por el Colectivo Medios Libres, comentó Ana Cristina Ruelas.
“Ahora es preocupante que dentro de las pautas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se proponga la centralización de la publicidad oficial, porque si bien es cierto que se necesita un órgano que asigne a través de criterios claros y objetivos la publicidad oficial, este no debe ser un órgano político porque éste órgano utiliza el dinero que se está utilizando para, en teoría, generar e informar a la ciudadanía”, destacó el investigador de Mexicanos Contra la Corrupción.
“Necesitamos una entidad autónoma que finalice monitores y dé seguimientos al gasto de estos recursos, y no puede ser la Secretaría de Gobernación, que ha sido opaca en ese tema”, señaló Paulina Castaño, de Fundar.
“Tenemos muchas campañas de difusión y esquemas de publicidad que no comunican, no sirven para absolutamente nada más que para justificar el gasto. Una propuesta es que debería disminuirse hasta lo mínimo indispensable el gasto para publicidad oficial, porque es muy fácil también hacer estas ‘trampitas’, por ejemplo en los gobiernos estatales que se comunican con la imagen del gobernador”, concluyó Castaño.