La austeridad propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pronto se convertirá en una ley de observación obligatoria para todos los funcionarios del gobierno federal.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa para crear la Ley de Austeridad Republicana, con lo que se busca poner un freno a los privilegios de la casta burocrática.
Aunque la presentación de la misma recuerda los discursos de principios del siglo pasado, “la conducción del proceso de transformación democrática cuyos cimientos estamos preparando, pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público y corresponderá, una vez en funciones, al Presidente López Obrador, encabezar los esfuerzos para dignificar la función pública hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo”, busca reducir los costos del gobierno y sus funcionarios.
Son apenas 13 artículos, con tres transitorios, pero sienta bases importantes porque quienes no la cumplan o traten de simular incurrirán en una falta administrativa grave y serán castigados.
La iniciativa, presentada por el diputado Manuel Rodríguez, señala que los recursos obtenidos por estos ahorros serán destinados “a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales”.
Todos los funcionarios deberán apegarse a la Ley de Salarios Máximos, que regulará que nadie gane más que el Presidente de México; es decir, 108 mil pesos.
Tampoco habrá pensiones para los expresidentes, quienes sólo recibirán el seguro de retiro del ISSSTE.
Quienes pensaban que agarrarían un hueso, o chamba, en el gobierno, deberán apurarse porque se cancelarán todas las plazas adicionales a las establecidas en el Presupuesto de Egresos.
Ahora, si ya es un funcionario de “alto pelo”, pues a menos que sea un juez o policía importante, no podrá contar con escoltas, tampoco viajará en primera clase, ni mucho menos podrá rentar un taxi aéreo, según la norma.
Se acabó eso de pasear a la novia, la familia o utilizar vehículos oficiales para mudanzas, a menos que consiga un permiso de su superior, claro.
 
Indignación
La plana mayor de la Cámara de Diputados salió a dar la cara indignados porque se dijo, en medios de información y redes sociales, que no hubo reducción en sus dietas.
Molesto, el coordinador de Morena, Mario Delgado, aclaró que la reducción no fue en salario nominal, pero se defiende aclarando que se cancela el seguro de gastos médicos mayores, el de vida, el de separación individualizada y el fondo de ahorro, que en conjunto representan 36 mil 723 pesos mensuales menos para cada legislador, cerca del 28 por ciento de su salario.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de Acción Nacional, recordó la Ley Federal del Trabajo, porque todas las prestaciones se consideran parte del salario que recibe un trabajador, aunque sean diputados, se les considera trabajadores, por eso eliminar esas prestaciones es reducir el salario de los legisladores.
Sin embargo, los coordinadores no supieron explicar el destino de los recursos que se ahorraran en lo que resta del año, que según sus proyecciones representa 409 millones de pesos. 204 millones por la reducción en las prestaciones de los legisladores y 205 millones por ahorros administrativos.
Pero de estos últimos, 138 millones corresponden a la cancelación de plazas bajo el régimen de honorarios, pero tampoco saben con certeza cuántos perderán su empleo en la cámara de diputados. Hicieron el recorte sin medir las consecuencias laborales.
Las que tampoco sufrieron cambios son las subvenciones partidarias, que la legislatura anterior otorgaba 132 mil pesos por cada diputado, adicionales al millón de pesos que reciben parejito los grupos.
Si se aplica como en la pasada legislatura a Morena, que presume tener 256 legisladores, obtendría 33 millones 792 mil pesos.