n dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondría en riesgo el curso de más de dos mil juicios e investigaciones por delitos financieros y fiscales, entre los que se encuentran 85 casos etiquetados como de “alta relevancia”, como el de los ex gobernadores Andrés Granier, de Tabasco, y su hijo Fabián; Guillermo Padrés, de Sonora, y algunos acusados junto con el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte.
El dictamen de la Primera Sala de la Corte declaró como inconstitucional el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que permite a las procuradurías locales a acceder sin orden judicial a información bancaria de personas bajo investigación.
Algunos jueces penales han decidido aplicar de forma retroactiva otro criterio, que incluye al secreto bancario como parte del derecho humano a la vida privada, al que se puede acceder sólo mediante la orden de un juez.
Con este criterio, sumado a las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), un juez federal absolvió el 3 de abril de fraude fiscal equiparado a Álvaro Emir Garduño, conocido como #LordRollsRoyce.
El magistrado expuso que en el NSJP, todas las pruebas que afectan derechos constitucionales deben ser obtenidas con autorización de un juez.
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