Hasta el momento la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha iniciado 7 carpetas de investigación por la vinculación de partidos políticos en la entrega de ayuda para los damnificados tras los sismos de septiembre.
Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, dijo que es lamentable que se use electoralmente una desgracia, por lo que se comprobarse algún ilícito se actuará penalmente.
En entrevista luego de participar en la UNAM en el foro “Generación de conocimiento para la construcción de una democracia paritaria”, detalló que una investigación se inició en Juchitán, Oaxaca, tras el sismo del 7 de septiembre.
Las seis restantes son por casos en Pátzcuaro, Michoacán; Estado de México, Guanajuato, Puebla, Morelos y Coyoacán en la ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre.
Dijo que en el caso de Morelos la denuncia es por la actuación del DIF estatal y el gobierno perredista; en Puebla están relacionadas con el PAN y en el estado de México con el PRI.
Rechazó las propuestas de eliminar el financiamiento público a los partidos.
“Es lamentable que se use electoralmente una desgracia, una tragedia como la que vivimos y esto se encuentra también reprochado por el ordenamiento, es lamentable que se diga que se tiene que eliminar el financiamiento público de los partidos, eso lesionaría la equidad y lesionaría nuestra historia constitucional”, expresó.
Nieto Castillo afirmó que se buscará tener una mejor fiscalización de los recursos de cara al 2018 ya que es uno de los procesos electorales más complejos.
Dijo que ya se trabaja con el Instituto Nacional Electoral (INE) para prevención de delito y con la Secretaría de Gobernación para un perfeccionamiento del blindaje electoral de los programas sociales ya que en muchas ocasiones son usados cómo dádivas.
Adelantó que en breve se presentarán los resultados de las investigaciones del uso de empresas fantasmas en los procesos electorales de Veracruz y Campeche, cuya información se utilizará para evitar que se repita en 2018.
Durante su participación en el foro, explicó que el proceso de 2017 se iniciaron 254 carpetas de investigación por delitos electorales cometidos en el estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit.
Dijo que en 57.1% de los casos las implicadas son mujeres beneficiarias de programas sociales principalmente de PROSPERA de Sedesol.