Con líderes sindicales que se han perpetuado por décadas, Luisa María Alcalde Luján, propuesta para ocupar la titularidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aseguró que tiene como meta garantizar que surja la democracia sindical, y lo hará mediante la aplicación de la reforma en justicia laboral que impulsó la administración de Enrique Peña Nieto, pero que no se ha concretado.
Desde 2015, el actual Gobierno Federal, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) iniciaron una serie de discusiones con miras a modificar ciertos artículos constitucionales, entre ellos dos en materia laboral.
Los llamados Diálogos por la Justicia Cotidiana dieron como resultado una propuesta para hacer cambios a los artículos 107 y 123 que, a grandes rasgos, consideran la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a tribunales laborales que dependieran del Poder Judicial y no del Ejecutivo Federal o estatal, además de garantizar una mayor transparencia y democracia en la vida sindical.
La reforma fue aprobada en 2017 por diputados y senadores, los congresos estatales le dieron el visto bueno y se estableció el plazo de un año para el diseño de leyes secundarias que permitieran su viabilidad, pero eso no pasó. Los senadores priistas Isaías González Cuevas y Tereso Medina Ramírez presentaron la iniciativa para la reglamentación faltante, pero ésta quedó congelada y fue descalificada por legisladores de oposición.
Ante tal escenario, Alcalde aseguró para CAPITALMEDIA que en la legislatura que está por iniciar y donde el partido al que pertenece, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), será mayoría, harán una propuesta para concretar la puesta en marcha de la llamada Reforma en Materia de Justicia Laboral.
“Hay una reforma constitucional que está esperando su reforma legislativa, la secundaria, vamos a trabajar con el nuevo Congreso para presentar las leyes secundarias en septiembre, una vez que se instale la legislatura”, explicó Alcalde.
La exdiputada federal refirió que si bien durante su encomienda tiene como primer objetivo detonar el empleo y la capacitación de jóvenes, también se buscará concretar los cambios propuestos en los citados artículos con el objetivo de “ir caminando u orientando hacia la democracia sindical”.
“Le vamos a entrar al tema de la implementación de la reforma, que tiene que ver con la transición de eliminar las juntas de conciliación y arbitraje para que sean los tribunales laborales y haya imparcialidad; además, la creación del nuevo órgano autónomo para todo lo que tiene que ver con registro de sindicatos y contratos colectivos de manera tal, que haya mucha mayor autonomía y sea un órgano técnico el que acabe decidiendo los registros sindicales y las titularidades el Poder Judicial”, explicó.
La futura secretaria federal expuso además que impulsarán lo indicado en la ley respecto a que los trabajadores quieran o no apoyar a un sindicato de manera previa a la firma de los llamados contratos colectivos de trabajo.
“Se tiene que ver la transición de eliminar las juntas (de conciliación y arbitraje), llevarlo al tribunal, de consultar a los trabajadores previo a la firma de contratos colectivos para ir acabando con los contactos de protección, son varias cosas que estableció la Constitución el año pasado y que hoy deben de estar implementadas en la ley secundaria”, afirmó la mujer propuesta al cargo por el candidato ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Luisa María Alcalde afirmó que, ante la reforma que ya se tiene, planteará un equipo de trabajo en donde intervengan varios sectores para hacer una propuesta. En su ruta de trabajo también está el de los derechos laborales de las mujeres, pero afirmó que establecerá una ruta de colaboración con otras secretarías a fin de generar “un impacto más eficiente”.
“Vamos a hablar con todos los sindicatos, como ha venido diciendo Andrés Manuel no vamos a tolerar la corrupción en ningún lado y entonces, bajo ese acuerdo, vamos a platicar con todos”, dijo la exlegisladora.
Cambio de chip
Ricardo Corona, director jurídico del IMCO y quien estuvo en la discusión de la reforma, considera atinado que la nueva administración proponga continuar con los cambios en materia laboral, pues aseguró que no es una transformación menor, sino “realmente un cambio de chip en justicia laboral”, “una sacudida de caja al sistema”.
Como uno de los integrantes de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, coincide con la futura secretaria federal en que debe haber un fortalecimiento sindical, pero que consolide la institución sindical, no a un grupo: “Por ejemplo, se debe de dar certeza en los registros de los contratos, que los trabajadores tengan acceso a los contratos, que puedan hacer su votación anónima, que haya padrones confiables y actualizados”.
El especialista destacó que con las propuestas que se tenían para las leyes secundarias se pretende eliminar el espíritu en el cambio constitucional, al señalar, como ejemplo, que se quería de nuevo colocar a la figura de representante del patrón en los nuevos centros de conciliación.
Para Corona, el hecho de que no se haya puesto en marcha la reforma por carencia de la reglamentación faltante es porque en México siempre “se patea el bote” y en el caso de este cambio “sí se van a pisar algunos callos”, y por eso hay resistencias; por ello consideró que al igual que se hizo con la reforma constitucional, con diálogos abiertos y transparentes, se pueden hacer las leyes secundarias.
“El gobierno entrante tiene que convocar a un diálogo, mandar un mensaje de que al final el destinatario real es el trabajador; abrir la discusión sería un gran mensaje. Si se va a continuar con el cambio de las juntas de conciliación, se debe de afinar esa línea para que no haya cochupos que sean más un retroceso que una reforma”.