En el periodo 2015-2016, el Gobierno Federal espió a personajes involucrados en asuntos de relevancia nacional, como la Casablanca, Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Atenco, Nochixtlán, la Ley 3de3, entre otros.
Lo anterior, se desprende del Informe #gobiernoespía, que se presentó ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado.
Luis Fernando García, de la agrupación R3D, explicó que entre los años 2015 y 2016, se enviaron 88 mensajes para tomar el control de los teléfonos celulares de 15 personas que fueron espiadas, entre ellas Carmen Aristegui, su hijo Emilio, Carlos Loret de Mola y Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Dijo que los mensajes se recibieron en coyunturas de investigación de casos de corrupción como el de la Casa Blanca, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

“Los ataques con malware DNSO se vinculan y atacan a personas que habían estado involucradas en asuntos que han sido de bastante relevancia nacional y que han afectado la imagen pública del Gobierno Federal, como la Casablanca, Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, tema de corrupción en Veracruz, Atenco, Nochixtlán, la Ley 3de3, etcétera. En todos estos casos, el gobierno federal es el actor común en estas coyunturas, por lo cual el principal sospechoso detrás de estos ataques es el gobierno mexicano, sobre todo, porque además existe evidencia de que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group”.

Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, enfatizó que en estos casos de espionaje, el gobierno gastó más de 16 millones de pesos, prácticamente lo mismo que destina a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
“En este informe se da cuenta de 12 casos, haciendo una multiplicación muy simple de esos 12 casos por los 77 mil dólares, nos da un total de 16 millones 632 mil pesos. Son el 90.2 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Es decir, el gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos”.
Fernando García dijo que luego de que el mismo presidente Enrique Peña Nieto, admitió la compra de Pegasus, es su gobierno el principal sospechoso de los casos de espionaje, por lo que exigió una investigación exhaustiva e imparcial.