Se confirmó lo que muchos temían y especulaban desde el inicio de esta semana: alrededor de 100 migrantes que viajaban en la primera caravana que cruza México con destino a Estados Unidos fueron secuestrados en territorio veracruzano para probablemente ser “vendidos” al crimen organizado en el estado de Puebla.
Aunque el pasado 5 de noviembre el visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, dio a conocer esta denuncia, no fue sino hasta el jueves 8 de noviembre, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla confirmó que indaga la desaparición de al menos 100 migrantes centroamericanos, entre ellos, 65 menores de edad y siete mujeres.
De inicio, fue Arturo Peimbert, ombudsperson de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), quien dio el reporte sobre la supuesta desaparición de los migrantes, hecho que habría sucedido luego de que abordaran dos camiones en Ciudad Isla Veracruz.
De acuerdo con testigos anónimos que sí alcanzaron a llegar a la Ciudad de México, habrían abordado tres vehículos: un camión naranja con las placas del Estado de México KY 88 765; otro, con la placa GX 3391C de Guerrero; y una camioneta, placa KXC 7906. Dichos vehículos llegaron “a auxiliarlos” cuando caminaban por la carretera.
A ciencia cierta no se sabe qué orilló a esos 100 migrantes a abordar dichos vehículos, pero de acuerdo con el Peimbert, habría sido la desesperación por seguir en su ruta hacia la Ciudad de México lo que los llevó a subir. Y es que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, les había prometido 150 autobuses para transportarse hacia Puebla y la capital del país, pero estos nunca llegaron.
Pese a ser peligroso, el camino comprendido entre Veracruz y Puebla es casi obligatorio para quienes entran por la frontera sur para llegar a Estados Unidos; se tiene registro de extorsiones, agresiones, abusos, violaciones, desapariciones y hasta asesinatos de migrantes por parte de la delincuencia organizada, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos.
Es por ello que a Peimbert le preocupa que estas 100 personas que lo único que buscan es una vida digna, puedan ser víctimas de delitos.
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