Por el delito de abortar un total de 228 personas fueron sentenciadas de enero de 2012 a diciembre de 2016; sin embargo, del total de esos casos 35 fueron hombres que tuvieron que enfrentar un proceso judicial.
De acuerdo al informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México” realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las organizaciones Asilegal y Las libres, por interrumpir un embarazo los hombres también fueron sentenciados; sin embargo se desconoce el motivo por el cual les fue imputado el delito.
La dificultad a la que se enfrentó el GIRE para conocer esta información es que en algunas entidades federativas la información de los procesos judiciales no incluye datos desagregados por sexo, por lo que pudieron estar bajo el seguimiento legal por haber “contribuido a facilitarles un aborto (personal de salud) o bien a otro tipo de circunstancias que involucran a hombres (por ejemplo, casos de homicidio de mujeres, embarazadas que se tipifican también como aborto forzado)”, se detalla en el informe.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la organización presentó el resultado de su estudio; Regina Tamés, directora de GIRE detalló que de acuerdo a datos de procuradurías o fiscalías, de enero de 2007 a diciembre de 2016 se tiene registro de 4 mil 246 procesos penales, de los cuales 850 fueron contra mujeres, 445 hombres y 2 mil 951 no pueden ser identificados por sexo.
De acuerdo a los resultados son cinco entidades donde más se concentran las denuncias; Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo, pese a que la autoridad dio algunos datos para la construcción del informe, en el mismo no fue posible conocer cuántas sentencias fueron absolutorias o condenatorias.
Las organizaciones también descubrieron que de enero de 2012 a diciembre de 2016, un total de 44 mujeres estuvieron en prisión preventiva; mientras que en encarcelamiento definitivo, estuvieron 19.
Los panelistas, entre los que estuvieron Ana Laura Magolini, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Luis Gutiérrez, de la organización Asi Legal coincidieron que las mujeres son víctimas de la aplicación de la justicia a modo, pues si interrumpen un embarazo o tienen un aborto espontáneo, se les juzga de acuerdo al código penal estatal.