Tras el caso de Mireya, quien se suicidó junto a sus tres hijos y su papá en una casa de la delegación Magdalena Contreras, alrededor de 40 organizaciones exigieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogue la figura jurídica de Alienación Parental.
Y que en consecuencia se declare inexistente el Artículo 323 séptimus del Código Civil de la Ciudad de México, que la contempla.
“En el caso de Mireya Cortés, en específico del niño, se tenían los dictámenes del Instituto Nacional de Psiquiatría, del DIF, los de Asociación para el desarrollo integral de personas violadas y todo eso no lo consideró la jueza”, argumentó la abogada Karla Michel Salas.
La opinión del ex abogado de Mireya
Y es que en octubre de 2012 el padre de los niños, L. Olvera, acusado por Mireya de haber abusado sexualmente de su hijo mayor, solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina.
La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la SCJN.
El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras.
La jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.
El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño.
De acuerdo a los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso.
Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.
En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso.
Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con el menor para abordar el tema de violencia sexual.
El 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida.
En febrero del 2014 toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta de su error cuando una de sus hijas gemelas le dijo que su padre abusó de ella.
Mireya de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presentó un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.
En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.
AMENAZAS
El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos, intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.
Testimonios recogidos por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.
El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.
Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.