Tortura, malos tratos, violencia sicológica y reducido acceso a medicamentos son algunas de las situaciones que padecen algunos de los 12 policías federales que son procesados por la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima de seguridad del Altiplano –en donde recorrió un túnel de 1.5 kilómetros-.
El 11 de julio de este año se cumplieron dos años de la evasión de “El Chapo” del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, y la dilación es lo que ha marcado el proceso de los elementos federales, de acuerdo al testimonio de los familiares.
En entrevista con CAPITAL MEDIA, los parientes que pidieron el anonimato para no entorpecer el proceso, señalaron que además de la tortura que padecieron algunos de los imputados, se enfrentan a un complicado sistema judicial en donde se ha cambiado hasta en cinco ocasiones a los jueces que llevan el caso.
Hicieron un llamado al presidente Enrique peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para que se abran nuevas líneas de investigación e incluso se cree una fiscalía especializada.
Indicaron que de agotarse las instancias legales en México, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener justicia ya que la PGR no ha acreditado la participación de los elementos en la fuga.
ESPERAN UNA SENTENCIA
El grupo de ex elementos federales enfrentan dos procesos, uno es la causa penal 55/2015-VI, por el delito de evasión de presos. De acuerdo al artículo 150 del Código Penal Federal este delito tiene una pena de entre 9 y 20 años de prisión.
La segunda es la causa penal 48/2015-III por la omisión en que presuntamente incurrieron y que propició la fuga del narcotraficante.
A ninguno se le ha dictado sentencia.
El Chapo fue recapturado en Sinaloa el 8 de enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos el 19 de junio de este año.
Los familiares criticaron que a los elementos federales se les confunda con “custodios” del Altiplano, ya que la función que realizaba era distinta. Algunos eran “monitoristas”, es decir, vigilaban los monitores en donde se trasmitía una señal de video sin audio sobre las actividades de los internos.
Fustigaron que se les acuse de no activar el denominado “Código Rojo” ya que esa responsabilidad era del entonces director del penal, Valentín Cárdenas.
Los entonces Policías Federales estaban adscritos a la División de Inteligencia. Nunca se les entregó un manual ni se les comunicó que su función era activar el “Código “Rojo”
REDUCIDO ACCESO A MEDICAMENTOS
Los familiares denunciaron las pésimas condiciones en materia de salud que enfrentan los ex policías que se encuentran actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Noroeste 4 en Tepic, Nayarit.
De acuerdo al oficio 50350 de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con fecha del 15 de julio de 2016, se constató que se vulneró el derecho humano a la protección a la salud de uno de los procesados ya que se le otorgó atención médica oportuna ante el padecimiento cardiaco que padece.
DISCRIMINAN A FAMILIARES DE PF
Denunciaron que las familias, y en especial las esposas, pasan por un momento crítico ya que se suspendieron los pagos por los salarios de los efectivos. Era el único ingreso que tenían.
Algunos son discriminados y señalados por vecinos ya que tiene un familiar “preso”. Incluso externan “temor” ya que se les relaciona con uno de los más poderosos narcotraficantes de México.
Además han tenido que costear el pago para la defensa legal así como los traslados para visitarlos en Nayarit.
Pidieron una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para exponer las irregularidades del caso.