Información de Rubén Arizmendi
Tras 12 horas de debate y descalificaciones, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron con 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención de Ricardo Monreal Ávila, el proyecto que propuso el Presidente de la República que reforma y deroga cuatro leyes secundarias para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).
En esta maratónica sesión, en donde se presentaron alrededor de 200 reservas, los legisladores reiteraron su postura a favor y en contra con los mismos argumentos que en días pasado, incluso de la oposición de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, de ser necesario, a organismos internacionales, tras la aprobación del dictamen.
Morena y sus aliados del PES, PV y PT aprobaron el dictamen bajo el argumento de que el país no se militariza y se respeta la Constitución, mientras que la oposición del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural acusó que el actual gobierno dejará una herencia de un “narco estado militarizado”, puntualizó el perredista Juan Manuel Fócil.
En contraparte, la senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que el dictamen por el que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, no es un “cheque en blanco” para sus mandos estratégicos tácticos operativos.
Ante la inconformidad de la oposición, la legisladora por Morena y Ministra en retiro, dejó en claro que el Senado dará puntual seguimiento al desempeño de la Guardia Nacional, pues tiene que capacitarse en materia de prevención del delito, actividades policiales de proximidad y de primer respondiente.
“La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, investigar y perseguir el delito debiendo actuar siempre con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez”, subrayó la legisladora y presidenta de la Comisión de Justicia.
Al inicio del debate, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, presentó una moción para retirar el dictamen y discutir la propuesta, de manera profunda, en un Parlamento Abierto; sin embargo, dicha petición fue rechazada con 65 votos en contra y 49 a favor.
Mientras, el Grupo Parlamentario del PAN reiteró que mantendrán su postura de que militarizar al país es un grave error y debe ser señalado y evidenciado, Olga Sánchez Cordero aseguró que el titular de la Guardia Nacional deberá rendir, las veces que sean necesarias, un informe amplio y oportune al Senado de la República.
Sánchez Cordero pidió a los senadores dar un tiempo a la maduración de la Guardia Nacional, observando con rigor que permite la doctrina policial fundada en el servicio y la disciplina.
Rafel Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, al presentar el dictamen, denunció que existe “un crimen organizado fuertemente armado, empoderado y violento que corrompe e interviene en procesos electorales y adquiere poder político para la impunidad en sus actividades”, por lo que pidió apoyar la propuesta del Presidente de la República.
Del Partido Verde, Manuel Velasco Coello subrayó que la Guardia Nacional es una joven institución de seguridad pública que todos debemos de cuidar; es un patrimonio social que nos conviene evitar que naufrague víctima de los cálculos políticos o peor aún, en las luchas ideológicas del momento.
Indicó que, frente a la debilidad que presentan muchas policías locales y policías municipales, las Fuerzas Armadas se han convertido en la última reserva institucional y de confianza ciudadana para hacer frente a la delincuencia y a la criminalidad,
Claudia Edith Anaya, del PRI, fue tajante al señalar que nunca nadie se había atrevido a tanto, dejar a este país sin la posibilidad de contar con un cuerpo policial nacional de carácter civil: “Es la aberración histórica más grande que ha cometido este gobierno.
Del mismo partido, Claudia Ruiz Massieu dijo que las Fuerzas Armadas gozan de una confianza total cuando se trata de sus tareas constitucionales y cuando de manera extraordinaria apoyan a la población en situación vulnerable.
Sin embargo, en lo que no se puede confiar “es en la tentación de otorgarles tareas para las cuales no están preparadas, solo porque se continúa dilatando o de plano se desiste en el trabajo de profesionalizar a la administración civil”.
Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, acusó que al Presidente de la República le urge la aprobación de su propuesta para presentar a la Guardia Nacional en el próximo desfile del 16 de septiembre.
