El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, con 76 votos en pro, 44 en contra y 3 abstenciones y 10 cambios y una adición la Ley de Seguridad Interior, que respetará, protegerá y garantizará en todo momento, y sin excepción, los derechos humanos.
Después de un debate de más de 15 horas y de rechazar las reservas a la totalidad de los artículos y el nombre de la ley, el pleno turnó la minuta a la Cámara de Diputados para que le dé su aval.
En tribuna, la priísta Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseveró que la ley no pretende que las Fuerzas Armadas, estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente.
“Y advierto, que es difícil concluir que el empleo de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituye en si mismo una violación a los derechos humanos, como pretenden hacernos ver. Eso, es falso. (…) Queda claro, no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden”.
Otro aspecto relevante de la ley, es el plazo de seis meses que tendrán las entidades federativas y las demarcaciones territoriales, para presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto, para dar cumplimento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El PRD interpuso una moción suspensiva, que no prosperó, para que el dictamen se devolviera a comisiones. Senadores de ese partido, del Trabajo-Morena, algunos del PAN e independientes presentaron votos en particular contra su contenido.
Ley de Seguridad Interior: crisis de Estado, no de derechos humanos
Benjamín Robles Montoya, del PT-Morena, presidente de la Comisión de Estudios Segunda, reprochó que en este tema el Senado legislara sobre las rodillas.
“Que el gobierno de Enrique Peña Nieto y también esta legislatura, están a punto de pasar a la historia como los que regresaron el militarismo a nuestro país. (…) Y hoy en diez días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, en diez días un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional y a nivel internacional, pretendemos darle ya el carpetazo”.
La norma establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.
Ante lo complejo de la ley, la polarización entre la sociedad y la división en su bancada, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, instruyó a sus senadores a votar en conciencia.
“En nuestro grupo parlamentario hay dos sensibilidades y dos visiones de abordar este asunto. (…) Dada la situación, cada senadora y senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto su propia sensibilidad sobre el tema”.
La ley precisa que las movilizaciones de protesta social o las que tenga un motivo político-electoral que realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.
El panista Javier Lozano, defendió la ley y arremetió contra la hipocresía de los senadores del PT y de su propio partido, al negarse a que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco legal que les dé certidumbre.
“Que los mismos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón y olvido a los capos de la delincuencia organizada. Ahora, resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas. Vergüenza les debería de dar.
Igualmente, reprobable es que vengan senadores y senadoras del Partido Acción Nacional que ayer aplaudían la actuación de nuestros presidentes de la República y hoy por mero cálculo político, por afanes e instrucciones de su ambicioso líder, hoy reprueben esa actuación, la cuestionen y venga a decir absurdos”.
En el dictamen se señala que el Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Se señala que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones de gobierno, el Presidente bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.