El Gobierno Federal incumplió con las normas para la eliminación de la trata de personas, disminuyó el financiamiento a investigaciones y procesos judiciales, ignoró la complicidad de funcionarios en casos de tráfico de humanos y disminuyó los esfuerzos de protección a las víctimas de esta problemática, reportó el Gobierno de Estados Unidos mediante el informe Trafficking Persons Report, de junio de 2017.
Según el informe norteamericano, las investigaciones a nivel federal y estatal disminuyeron en 2016, casi a la mitad. “Las autoridades mexicanas iniciaron 188 investigaciones federales y 288 estatales en 2016, en comparación con 250 federales y 415 estatales en 2015”, refiere el documento.
En cuanto a los procesos judiciales, el reporte detalla que el gobierno mexicano inició proceso contra 479 personas en 2016, tanto en casos federales como en estatales, mientras que en 2015 se inició proceso contra 578 individuos.
En cuanto al número de personas declaradas culpables, las autoridades mexicanas informaron que se declaró culpable a 228 traficantes involucrados en 127 casos, tanto federales como estatales en 2016; en comparación, hubo 86 traficantes declarados culpables en 36 casos federales y estatales en 2015. “Sin embargo, no está claro cuántas de estas condenas eran por crímenes de trata definidos por el derecho internacional”, apunta el informe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense señaló que “el gobierno (mexicano) no informó sobre el rango de sentencias, pero los medios de comunicación denunciaron sentencias de 15 a 60 años de prisión”.
En 2016, el Gobierno Federal disminuyó en general el financiamiento a investigaciones y procesamientos judiciales, lo cual incidió en su capacidad de investigar y procesar todo el crimen, incluyendo delitos de tráfico, se destaca en el documento norteamericano.
“Las investigaciones y procesamientos a veces eran retrasados mientras las autoridades determinaban qué fiscales tenían jurisdicción o coordinación con funcionarios en otras partes del país, lo cual dificultó los procesamientos y causó tensión adicional para las víctimas”.
El reporte indica que “las autoridades no trataron casos que implican a los individuos que pudieron haber sido forzados por grupos criminales para ser contratados en actividades ilícitas, como casos de trata de personas, a pesar de los indicadores de fuerza o coacción”.
El gobierno tampoco informó sobre el estado de investigaciones iniciadas en años anteriores, incluidas las de detenidos por tráfico en Oaxaca en 2014; del 2013 la investigación de dos agentes de policía de Tijuana por explotar a víctimas de la trata de personas, o la investigación del 2012 de un empleado estatal de Chihuahua acusado de trabajo forzoso.
Incumple, pero se esfuerza
El informe publicado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos detalla que “el Gobierno de México no cumple plenamente con las normas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”.
Durante cinco años, el Departamento de Estado ha realizado más de 15 recomendaciones por año, acerca de las áreas que el gobierno mexicano deberá priorizar para mejorar el combate a la trata.
Entre las recomendaciones que se repiten, y en las cuales el Departamento de Estado hace énfasis para su implementación, destacan aumentar el presupuesto de servicios para las victimas de trata, el inhibir la complicidad entre autoridades y traficantes, reforzar y aumentar la protección a las víctimas, la especialización de los funcionarios en el contacto con las víctimas, mejorar procedimientos de reconocimiento de víctimas y asegurar la protección efectiva a testigos, entre otros.
El documento del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que a pesar de los informes persistentes de la extensa complicidad oficial, las autoridades no informaron sobre investigaciones, enjuiciamientos o convicciones de empleados del gobierno, cómplices de la trata de personas.
“Algunos funcionarios (mexicanos) extorsionan con sobornos y servicios sexuales a adultos en prostitución y víctimas de explotación sexual infantil; extorsionan a migrantes, incluidas las víctimas de la trata; falsifican documentos, amenazan a las víctimas con enjuiciamiento para obligarlas a presentar denuncias oficiales contra sus traficantes, aceptan sobornos, operaran o patrocinan burdeles donde las víctimas son explotadas sexualmente, o no responden a los delitos relacionados con la trata de personas”, detalla el informe.
Un problema ignorado
Según datos de la American Bar Association se estima que en toda la República Mexicana hay 47 bandas delictivas que se dedican a la trata de personas.
El documento Global Slavery Index 2016, de The Walk Free Foundation, señala la presunción de que 70 por ciento de los casos de trata de personas están relacionados con el crimen organizado.