Por: Carlos Ramírez
Las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos llegaron al punto muerto en el que el Gobierno aparece como la figura del animal que se muerde la cola porque la ve moviéndose sin saber que es parte de su propio cuerpo.
En el “Manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam exhibió la contradicción principal: el Gobierno sólo puede protegerse a sí mismo. Y como más de la mitad de las agresiones provienen de instancias de los tres niveles de Gobierno y de la clase política gobernante, entonces las autoridades carecen de voluntad institucional para castigar a quienes atentan contra la libertad de prensa.
Lo dice el manual:
“El Estado mexicano tiene la obligación de proteger y prevenir las agresiones a periodistas; sin embargo, estas agresiones a veces son atribuidas a funcionarios públicos y al crimen organizado.
“Hacen falta respuestas, acciones, estrategias de prevención y combate a las agresiones a periodistas, investigaciones eficientes, recursos y posibilidades de tipo legal, fortalecer a la Fiscalía Especial, replantear el sistema de protección a periodistas y más por hacer”.
La percepción de la PGR –que sigue vigente– es, en el mejor de los casos, elusiva; en el peor no pasa de una broma de mal gusto. El riesgo que enfrentan periodistas por difundir revelaciones sobre las trapacerías del poder en todos sus niveles y, desde luego, para denunciar las acciones de los cárteles del crimen organizado es asumido por la PGR con una fórmula matemática: Riesgo = Amenazas x Vulnerabilidad Resiliencia.
Lo de menos es que la PGR haya basado en Wikipedia su fórmula para determinar el riesgo que enfrentan periodistas; lo grave es que no asumió que Wikipedia dice también que la resiliencia es “la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas”, es decir, una forma de conformismo ante adversidades. Y esta frase es la que parece animar a las autoridades: sanar las heridas psicológicas provocadas por las agresiones contra periodistas por develar las complicidades gobiernoscrimen organizado no indiciando penalmente a los agresores, sino pidiendo a los agredidos la comprensión positiva.
El manual de la PGR se centra en la prevención de riesgos; y para ello deja entrever que la mejor manera de evitar los riesgos del oficio periodístico de denuncia –y protegerse ellos y sus familias– es el silencio profesional; es decir: no publicar imputaciones contra criminales y funcionarios.
La forma de la PGR de entender la protección de periodistas por riesgos en el cumplimiento de su profesión se reduce a medidas cautelares a posteriori de las agresiones o las amenazas, porque los asesinatos de periodistas son amenazas consumadas.
La PGR da consejos –no instrucciones ministeriales– que llevan más bien a situaciones de censura; “todo se puede decir, sólo hay que saber cuándo y cómo decirlo” y “no hay nota que valga una vida”. En lugar de aplicar la ley con severidad, el manual de la PGR prefiere aconsejar a los periodistas a matizar sus denuncias, Y si se parte del dato de que más de la mitad de las agresiones son de funcionarios públicos, entonces la institución está sugiriendo la autocensura.
La PGR y la Fiscalía sobre Libertad de Expresión deben tener un replanteamiento total de sus compromisos que comience con la persecución penal de funcionarios que son señalados como agresores de periodistas. Política para dummies: La política es el ejercicio descarnado del poder por el poder y para el poder.
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