La diferencia entre el alcoholímetro que se instauró en la Ciudad de México hace varios años y el aberrante permiso “constitucional” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó este martes 13 para que cualquier cuerpo policiaco pueda, sin mandamiento judicial, revisar a personas y vehículos, estriba en que hay un aparato que mide los niveles de alcohol en un conductor, mientras que los cateos indiscriminados se harán a ojo de buen cubero, al juicio subjetivo de los policías.
En un lenguaje alambicado y rimbombante, el ministro presidente de la Corte justificó la aprobación de lo ilegal y arbitrario de la medida con estos argumentos:
-Son constitucionales estas inspecciones, sin que exista orden escrita previa, pero “siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”.
Nadie en México ignora que las policías y las fuerzas militares siembran drogas, armas o lo que juzguen necesario con tal de llevar a un sospechoso ante la autoridad. La persona así “cargada” y detenida tiene suerte si es llevada ante un Ministerio Público o un juez, pues los cateos y retenes indiscriminados son precisamente el inicio de delitos mucho más graves, como las desapariciones forzadas.
Esta misma Suprema Corte (hace años con predominio de los ministros más conservadores y alineados hacia las políticas oficiales) está por aprobar, en sus términos amenazantes para los derechos humanos y las garantías políticas y sociales de la población, la Ley de Seguridad Interior. Esa ley que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó a finales del año pasado pero que –caso extraño– ofreció no poner en práctica hasta recibir el aval del máximo tribunal de este país.
Con lo sucedido este martes, no cabe la mínima duda de que tendremos Ley de Seguridad Interior, en la que los civiles sueltan el mando de las Fuerzas Armadas y las dotan de autonomía de actuación. Ejecuciones masivas, allanamientos de casas, espionaje y seguimiento de personas se harán con la ley en la mano.
El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tendrán facultad de controlar territorios en los cuales el Ejecutivo, de manera discrecional, decida que existen “amenazas a la seguridad interior”. Con poderes extraordinarios, los militares asumirán las tareas que corresponden a las policías, como ya ha ocurrido en más de la mitad de los estados de la república a donde se han enviado elementos federales.
La única diferencia es que ahora ejecutarán todo tipo de acciones preventivas y punitivas con el aval de una ley a modo: rondines y vigilancia en calles y caminos, cateos domiciliarios, establecimiento de retenes y puntos de revisión donde estimen necesario, espionaje a las comunicaciones privadas, represión a plantones, manifestaciones y marchas callejeras.
Se puede esperar de los militares –y desde antier de cualquier policía– que practiquen lo de siempre: allanamientos, cateos, retenes, despojos, robo de pertenencias y vehículos, levantones, torturas, retenciones arbitrarias y demás acciones violatorias de todo derecho, sólo que ahora protegidos formalmente por la ley.
Aún así, los ministros alegaban “un fin constitucionalmente imperioso: proteger los derechos humanos de la colectividad por razones de seguridad jurídica”.