La protesta como negocio ha redundado en beneficios para sectores radicales y grupúsculos que encuentran en la protesta y las mentadas un modus vivendi. No sólo se trata de dinero lo que ganan y dinero lo que pierde la economía formal y, en algunos casos, el gobierno. En la actualidad la protesta social se ha desvirtuado a tal punto que ya es muy difícil saber cuándo son auténticas y cuando no. El punto se expande cuando hay demasiadas protestas y pocas causas justificadas.
En la actualidad no se busca criminalizar la protesta social, pero las autoridades sólo se dedican a pelotear el tema y no hacen nada para liberar los espacios públicos y a este tipo de incomodidades le llaman “una salida política”.
La CDMX se ha convertido en el principal recipiente de manifestaciones. Según la Canacope una de las violaciones a los derechos humanos permanentes en la Ciudad de México es la que casi a diario sufren los trabajadores, empleados, comerciantes, empresarios, estudiantes y amas de casa para realizar sus actividades cotidianas, por el cierre de vialidades.
Hay un dato por demás criticable, los 889 días de ocupación del Monumento a la Revolución, entre septiembre de 2013 y febrero de 2016, con pérdidas económicas superiores a los dos mil 500 millones de pesos. Eso es lo que debe preocupar a las autoridades, más allá de buscar una salida “conveniente” a los intereses de los manifestantes. Hasta parece que hay autoridades más preocupadas en atender a un grupúsculo de personas que se manejan fuera de la ley que por impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. El negocio de la protesta se ha vuelto más rentable y, al parecer, se mueve por que cuenta con impunidad y protección.
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ