Columna

@capitaledomex

Durante la celebración del cuarenta aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, señalamos reiteradamente el influjo negativo que sobre la pobreza y la desigualdad social ejercen una política fiscal regresiva y un gasto social enfocado hacia los estratos más ricos de la población. Señalamos también que cada día se hace más evidente y urgente la necesidad de cambiar el modelo económico vigente por otro que instrumente, entre otras medidas, una producción que preste más atención al mercado nacional, un esquema recaudatorio esencialmente progresivo y una enérgica reorientación del gasto social hacia los grupos económicamente más vulnerables.

Pues bien, con gran preocupación hemos leído el anuncio de la Secretaría De Hacienda (SHCP) de que se avecina un “ajuste adicional” al gasto público, que esta vez será de 175 mil 100 millones de pesos, medida indispensable ante la severa caída de los precios del petróleo. Este recorte será el cuarto en un lapso de apenas un año y medio y, sumado a los tres anteriores, hace un escalofriante total de 528 mil 400 millones de pesos menos para el presupuesto de la federación. Según la misma Secretaría de Hacienda, la pérdida afectará al 50% (18 de 36) de los programas a cargo de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA); y no hay que ser adivino para entender que se habla de cuantiosos recortes a programas destinados a aliviar la situación de los menos favorecidos, es decir, que una vez más serán los pobres quienes paguen los platos rotos que ellos no rompieron.

Puede ser que alguien piense que, puesto que todo obedece a la caída de los precios del petróleo, sobre los cuales el país no ejerce ningún control, la situación no es responsabilidad de nadie, y que tampoco pudimos ni podemos hacer nada para evitarla, como nada puede hacerse frente a un terremoto. Pero no es así. En primer lugar, es cosa sabida desde hace mucho que una economía excesivamente dependiente de la exportación de materias primas es una economía vulnerable, que estará siempre expuesta a los vaivenes cíclicos del mercado de dichas materias, la cual, a su vez, depende enteramente de los vaivenes del crecimiento económico mundial.

Su recaudación fiscal estará sujeta, por tanto, a esos mismos vaivenes: subirá en las fases de auge y descenderá irremediablemente en las fases de contracción o recesión. El remedio, difícil pero seguro, es un modelo económico que corra el acento, de la exportación de materias primas a la fabricación de productos de alto valor agregado, tanto para el mercado interno como para el mercado exterior. Es decir, es el mismo remedio del que inútilmente habló el Movimiento Antorchista en su cuarenta aniversario.

Pero en México nos aferramos a seguir dependiendo de las exportaciones petroleras. El último informe de la CEPAL titulado “Panorama Social de América Latina” y publicado en marzo de este año, dice: “El escenario económico actual de caída de precios de materias primas constituye una alerta a este respecto, pues los ingresos fiscales de varios países de América Latina dependen en buena medida de productos no renovables. Muestra de ello es que, entre los años 2005 y 2008, en promedio, el grado de dependencia fiscal del sector de recursos no renovables de Bolivia (hidrocarburos), Chile y Perú (minería), Colombia, Ecuador, México y Venezuela (petróleo) fue del orden del 30% de los ingresos fiscales totales, correspondientes a más del 7% del PIB”. Y podemos preguntarnos a la vista de esto: ¿cuánto ha cambiado la situación desde entonces, es decir, desde 2008? La respuesta nos la da, sin lugar a dudas, el anuncio de nuevos recortes que acaba de hacer la SHCP. Y sigue la CEPAL: “Esto último es preocupante en el contexto actual de desaceleración económica y sugiere la necesidad de apelar a medidas de política fiscal que permiten asegurar los niveles de gasto social necesarios para financiar en forma sostenible políticas sociales que garanticen los derechos, y fortalecer su institucionalidad”.

Es decir, el informe no solo muestra que vivimos en una economía que depende de las exportaciones de petróleo; también aclara que si hoy nos vemos precisados a recortar el gasto social en programas destinados a mejorar los niveles de bienestar de los menos favorecidos, ello se debe, además, a una política fiscal regresiva que no ingresa los recursos suficientes para financiar tales programas.

La CEPAL no vacila en calificar como derechos de la población vulnerable las necesidades que atienden las políticas sociales, y afirma en consecuencia que esas políticas no deben estar sujetas a los vaivenes de los ingresos fiscales, sino que deben institucionalizarse, es decir, que se debe garantizar su permanencia cualesquiera que sean los avatares de la economía.

En otro lugar se dice que “… en términos generales, el gasto social deberá ser neutro respecto al ciclo económico (acíclico): los servicios de calidad para garantizar derechos sociales como la educación, la salud y la protección social no deben depender del ciclo económico”.

Y se añade: “Complementariamente, en situaciones de crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de erradicación de la pobreza y protección del empleo”.