El esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez del Senado para editar el Atlas de la Seguridad y la Defensa del 2016 fue inútil y la reciente ola criminal no conmueve a nadie. La negativa de diputados y senadores para legislar sobre seguridad interior mostró la nula capacidad de los legisladores para entender la crisis de seguridad pública como crisis de legitimidad y poder del Estado.
El Congreso ha probado que carece de pensamiento estratégico y que los legisladores llegaron sin entender que la política no sólo es la miel y el dinero del poder, sino la administración de los problemas de la polis. En medio de la peor crisis de seguridad pública-interiornacional, los legisladores no entienden la crisis del Estado fallido.
La seguridad interior es un factor de estabilidad nacional que relaciona la ruptura institucional por grupos criminales y la afectación de la estabilidad para el desarrollo. El crimen organizado es una estructura del delito que no sólo afecta al ciudadano, sino que se ha metido en las estructuras del sistema político, del Estado y de las instituciones.
La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad se dio por el fracaso de las agrupaciones policiacas y por la incapacidad de las administraciones civiles para combatir el delito. Los cárteles comenzaron traficando droga y hoy están en la estructura del Estado.
La principal victoria del crimen organizado fue la cooptación del sistema de gobierno, su articulación al Estado y su violencia contra las fuerzas tradicionales de seguridad. Las Fuerzas Armadas lograron –sin Ley de Seguridad Interior– acotar los espacios de operación del crimen organizado y regresarle al poder civil zonas territoriales expropiadas al Estado.
Los legisladores se negaron a la Ley de Seguridad Interior como ley, pero han perdido de manera lamentable la oportunidad para trabajar sobre el concepto de seguridad interior. Y por seguridad interior se entiende –Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018– la estabilidad social, el desarrollo nacional, el estado de derecho como instrumento de acotamiento de la criminalidad y la gobernabilidad democrática como el equilibrio entre las demandas sociales y las políticas públicas.
El Atlas para la Seguridad y la Defensa 2016 aporta un arsenal estadístico para entender por qué el gobierno y el Estado van perdiendo la lucha contra el crimen organizado. Y la razón es sencilla: la lucha es por espacios de poder, el del Estado por encima de los grupos criminales y el de los delincuentes por apropiarse del Estado. Y los legisladores han contribuido con sus miedos a diluir el poder coercitivo del Estado.
El poder es fuerza, autoridad y legitimidad, no un café al mediodía. El poder y la fuerza que pierda el Estado los gana el crimen organizado vía la corrupción y la violencia. De ahí que no legislar sobre seguridad interior de ninguna manera ayuda a la estabilidad o a los derechos humanos, sino que implica seguirle cediendo espacios de poder social al crimen organizado.
La criminalidad se ha fortalecido y ha avanzado porque el Congreso se ha negado a legislar sobre los cuatro pilares de la estabilidad establecidos en el programa de seguridad nacional: justicia más estricta, desarrollo social para prevenir delincuencia, seguridad pública en materia de policías y seguridad nacional vía las Fuerzas Armadas.
No habrá Ley de Seguridad Nacional, pero tampoco habrá desarrollo. El peor de los mundos.
Política para dummies: La política es la capacidad para entender las crisis y decidir soluciones, no para cerrar los ojos o mirar hacia otro lado.