Está científicamente comprobado que el PRI es el único partido que se tropieza muchas veces con la misma piedra, aunque también hay evidencia comprobable que el problema no es la piedra sino el partido.
Sumido en la corresponsabilidad por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos y la PGR contra el exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, ahora el PRI tiene que encarar el señalamiento de su culpabilidad en la designación del gobernador nayarita Roberto Sandoval, cuyo fiscal fue arrestado en EU y está siendo procesado por narcotraficante.
El PRI debe dar la cara por los gobernadores, alcaldes, diputados y funcionarios que están acusados de actividades delincuenciales. Y en Nayarit ahora con mayor razón porque el candidato del PRI a la gubernatura, el senador Manuel Cota Jiménez, salió del grupo político de Sandoval y por su influencia Sandoval le sucedió en la presidencia municipal de Tepic en 2008.
El PRI es corresponsable de la selección de candidatos y debe dar cuentas de ello. La camada de gobernadores en problemas judiciales –Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina– fueron hechos candidatos por Beatriz Paredes Rangel al frente del PRI. Yarrington salió candidato en 1998 bajo la primera dirección priista Nacional de Mariano Palacios Alcocer y Andrés Granier de la segunda etapa de Palacios en el PRI en 2007. Humberto Moreira y Eugenio Hernández, señalados –no acusados– por cercanías con el narco fueron hechos candidatos por Roberto Madrazo en el PRI.
Con excepción de Yarrington que ganó la candidatura a gobernador y ya con señalamientos de relaciones con el narco como alcalde de Matamoros durante la presidencia de Zedillo, los demás salieron candidatos cuando el PRI no tenía la Presidencia de la República. Este dato es mayor porque señala que los 12 años de presidencias panistas el PRI quedó al garete y muchas élites priistas locales se articularon a bandas del crimen organizado. Pero el regreso del PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto careció de un proceso de revisión de alianzas, a pesar de que en medios y pasillos del poder se señalaron algunos casos significativos.
Después del arresto de Yarrington en Italia y de Duarte en Guatemala, el PRI está obligado a rendir responsabilidades políticas de esos personajes porque la corrupción del poder no nace in vitro, sino que se incuba precisamente en el poder político. En la campaña de 2012 Peña Nieto elogió a los dos Duarte, a Borge y a Medina, y son los que hoy están procesados por corruptelas como gobernadores. Y si bien es cierto que Peña Nieto no los fabricó, sí los puso como ejemplo de una nueva generación de políticos priistas que salió peor que las anteriores.
Nayarit será una prueba para el PRI: si Sandoval sigue al frente del gobierno a pesar de que su fiscal está procesado por narco y si el candidato sandovalista a gobernador no ofrece elementos comprobables de deslindamiento, el PRI se seguirá hundiendo, ya no es la corresponsabilidad sino en una franca complicidad con políticos señalados de relaciones con el crimen organizado.
La apuesta del PRI en casos de políticos delincuentes –no sólo por narco sino por corrupción– descansa en la inconsciencia de la sociedad que sigue votando por los priistas, aunque muchos a la larga caigan en la cárcel o hasta que la oposición explote electoralmente esos expedientes.
Los políticos corruptos no castigados serán clave en las presidenciales de 2018.
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