La crisis revelada por la indagatoria del Instituto Nacional Electoral por el Fideicomiso Por los Demás del partido Morena debiera ser tomada en serio por el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores jurídicos, porque se trata de un proceso legal que estaría manchando el arranque del gobierno morenista por tres efectos inevitables:
1.- La resolución del INE dio vista a la PGR para que de manera inmediata se abra una indagatoria de Ministerio Público.
2.- El efecto político estaría mostrando parcialidad de López Obrador al responder con la histeria del compló a un mecanismo judicial de procedimientos muy estrictos.
3.- El caso del fideicomiso estará dando indicios de las formas de ejercicio arbitrario del poder del próximo presidente de la república, al atacar políticamente un asunto judicial.
Las respuestas políticas y sociales a las indagatorias del INE sobre presuntas irregularidades carecen de efecto real porque la resolución se basa en reglas institucionales. En todo caso, el próximo Congreso y la próxima administración tendrán bastante espacio para reorganizar funciones y facultades del INE, porque muchas de ellas violentan principios constitucionales. Sin embargo, ese replanteamiento tendría que venir como parte de la agenda de la próxima legislatura que comienza el primero de septiembre.
Lo que queda claro en la resolución INE/Q-COF-UFT/93/2018 es que el fideicomiso se creó no para ayudar a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, sino para triangular a la campaña dinero ilegal y violatorio de las reglamentaciones electorales; es decir, que hubo desde el principio una conducta castigada por las leyes. Por la dimensión del delito, el castigo económico al Partido Morena es de 250por ciento del dinero involucrado en las irregularidades, que fueron 78 millones 818 mil 566 pesos con 37 centavos; de ahí salen los 197 millones 46 mil 415 pesos y 92 centavos de multa.
Además de la gravedad del delito y de la multa, el INE dio vista a la fiscalía de delitos electorales, a la PGR para indagatorias sobre lavado de dinero, al SAT por el tema de los impuestos y a la Comisión Bancaria para congelar operaciones del fideicomiso.
De ahí que López Obrador debiera darle a su repuesta un canal jurídico y no estridente, sobre todo porque hay en su entorno quienes quieren organizar un gran mitin en el zócalo de la Ciudad de México para denunciar el compló detrás de la resolución del INE y politizar su respuesta, como ocurrió con éxito en el 2005 con la solicitud de desafuero por violar un amparo judicial.
Las peores respuestas de López Obrador al caso del Fideicomiso Por los Demás son las que ya mostró: la estridencia del compló, la amenaza de rehacer el INE para quitarle facultades y un mitin en el Zócalo, en lugar de apelar legalmente la resolución. Y tiene la salida corta: aceptar la irregularidad, castigar a algunos chivos expiatorios, pagar la multa y anunciar que nunca más habrá otro caso igual.
De no hacerlo, el escándalo va a escalar una politización inevitable en sectores políticos afectados con el resultado electoral, pero con capacidad para mantener el caso en los medios hasta la toma de posesión el 1 de diciembre y en estos cinco meses desportillar la corona de una victoria electoral con mayoría absoluta.
Política para dummies: La política es la disputa entre las reglas y los caprichos.
Si yo fuera Maquiavelo: “El príncipe que conquista autoridad es siempre respetado, pues difícilmente se conspira contra quien, por ser respetado, tiene necesariamente que ser bueno y querido por los suyos”.