Personaje poco proclive a las polémicas, de corte más bien académico institucional e inclusive mencionado en años recientes como aspirante ideal a una candidatura sin partido a la Presidencia de la República, el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente generó desconcierto en una opinión pública a la que sorprendió con propuestas de convertir a barones del tráfico de drogas en empresarios legales, lo cual tendría que ser antecedido por una amnistía para estos personajes que hoy son simplemente delincuentes enriquecidos y generadores de violencia.
“¿Los quieres persuadir de que se vuelvan empresarios, o los quieres forzar a cañonazos? Bueno, a cañonazos ya vimos que hasta ahora no podemos, no hemos podido y no vamos a poder. ¿Los volvemos empresarios? Bueno, es una opción, hay que estar abiertos. ¿Qué implica? Sentarte a negociar con ellos y amnistiarlos”, dijo textualmente.
Y es obvio que no hablaba de campesinos pobres o indígenas obligados a sembrar cultivos ilícitos, de aquellos mexicanos que no han tenido ni tienen capacidad económica para convertirse en empresarios de las drogas legales cuando alguna vez pueda ocurrir esa metamorfosis en nuestro país. En este contexto, De la Fuente afirmó que la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador “no es una ocurrencia, como la quieren presentar quienes la han descalificado”.
Médico de profesión, Juan Ramón de la Fuente será en el próximo gobierno representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. No todos los medios reprodujeron sus audaces planteamientos de la semana pasada, en un foro que se tituló “Las drogas, un problema de salud pública”, que en su título llevaba nuevo enfoque alejado del paradigma punitivo de las últimas décadas.
Dos puntos que tocan al comportamiento mexicano respecto del extranjero, en la visión del académico que coordinó un libro sobre la utilización de la marihuana y algunos opioides en el tratamiento de enfermos que sufren intensos dolores, editado por la UNAM, llaman particularmente la atención:
-México debe construir su propio modelo de combate a las drogas, independiente de Estados Unidos. -Tener (obtener) el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, pero no su tutoría.
Nunca nuestro país –a excepción de los finales del sexenio de Lázaro Cárdenas cuando se permitieron y alentaron los fumaderos de opio– tuvo una política autónoma, separada del prohibicionismo impulsado por Estados Unidos desde hace casi un siglo, en 1931, cuando a la ley seca le siguió la criminalización de los adictos a la marihuana y a la heroína, particularmente los afroamericanos y los migrantes nacidos en América Latina. De entonces a la actual Iniciativa Mérida, las directrices de cómo combatir el tráfico de drogas aquí provienen de las oficinas en Washington.
Y alguien que va a representar a México en Naciones Unidas debería saber que hay reglas establecidas para que la organización mundial decida si hay condiciones en el país para garantizar que su siembra “lícita” de opiáceos no se mezcle territorial ni comercialmente entre laboratorios autorizados y el tráfico ilegal de las drogas; la ONU tiene previstos vigilancia, escrutinio, supervisión, control y rendición de cuentas e inclusive penalidades si no se cumplen las condiciones exigidas.
No hay un solo país en América autorizado para sembrar amapola legal, entre los 18 que sí pueden hacerlo en el mundo. México apostará su resto por ser el número 19.