Las instituciones que los mexicanos nos hemos dado, y que le han otorgando viabilidad a México como una nación pluriétnica y pluricultural, ya comenzó a dar muestras de agotamiento. El modelo de país que concibieron quienes lucharon por nuestra emancipación, y que reconformaron aquellos que gestaron el primer movimiento social del Siglo XX, ha caído inevitablemente en la disfuncionalidad. Eso explica nuestras recurrentes crisis gubernamentales.
A eso hay que sumar el anquilosamiento de leyes y procedimientos que provocaron la perdida de vigencia en nuestras instituciones. Todos los días nos enteramos de la disposición arbitraria en los fondos públicos para uso personal por quienes detentan cargos gubernamentales. Nuestros funcionarios públicos se han vuelto cínicos, y seguimos manteniéndolos en lugar de mandarlos a donde debieran estar: la cárcel. Todos los días conocemos historias que lastiman más a México.
Los políticos se convirtieron en especialistas en burlar la ley. Un ejemplo: a Javier Pérez Maqueda, quien era Director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, un día le aparecieron cuatro millones de pesos en un vehículo oficial a su cargo. Esto muestra y demuestra la forma discrecional en que se dispone de los recursos públicos en la mayor parte de las dependencias gubernamentales, y las que tienen carácter de autónomas. No les basta con los salarios estratosféricos que se asignan, y como dice el refrán: en “arca abierta hasta el más justo peca”.
Desconozco si el señor Pérez Maqueda sea culpable de haber intentado sustraer los cuatro millones de pesos que se encontraron en la cajuela de su vehículo, pero eso lo tendrán que determinar las autoridades competentes. El problema no es el delito en sí, porque hay que aceptar que en esta trama hay varios delincuentes. El problema es la discrecionalidad con la que los altos funcionarios disponen de dinero sin que haya algo o alguien que logre frenarlos.
Nuestras leyes son obsoletas, pero tampoco existe voluntad de imponerlas o adecuarlas. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, señaló un año antes el faltante de treinta y cinco mil millones de pesos en el gobierno de Veracruz y nadie hizo nada.
Lo mismo pasa con el dinero encontrado en el vehículo asignado al señor Pérez Maqueda. Hasta ahora nadie ha dicho si se va a aplicar la ley.
¿Cuál es la diferencia entre un asaltante y un funcionario que sustrae fondos públicos? Que al asaltante si lo aprehenden, pasará muchos años en la cárcel, pero el funcionario se va tranquilamente a su casa sin que nadie aplique la ley por esas complicidades que nos han sumergido en el mundo de la corrupción. Sin lugar a dudas, este país se nos está desangrando porque nosotros mismos lo apuñalamos. Al tiempo.